Diego Alfonso Navarrete se identifica como un “exguerrillero raso”. Este hombre de pocas palabras entró a las Farc siendo un adolescente y se desmovilizó cuando ya tenía más de 30 años, en 2009.
Después de haber estado en libertad un par de años, participando esporádicamente en los programas de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), ahora Navarrete está preso en Washington D.C., extraditado por varios delitos relacionados con el secuestro de los tres estadounidenses que estuvieron en manos de las Farc por más de seis años.
A Navarrete los gringos le llegaron en 2006, y según la acusación del Departamento de Justicia, fue uno de los carceleros al mando de alias César que retuvieron a los tres contratistas de la Northrop Grumman durante casi dos años. En el mismo indictment hay otros 17 miembros de las Farc, incluyendo a Joaquín Gómez, Andrés París, Fabián Ramírez y Tanja Nijmeijer, también acusados del secuestro.
Antes de ser enviado a Washington, Navarrete le dijo a Semana.com “van a extraditar al que no es”, sin entender que para la justicia de EE.UU. importa poco si él se limitó a seguir órdenes al cuidar a los tres estadounidenses y no tuvo nada que ver con el acto mismo de su secuestro.
Pero su caso no es el único. Hace apenas unas semanas otro de los “rasos” que cuidaron a los gringos secuestrados fue condenado a 27 años de cárcel por el mismo juez que tiene el caso de Navarrete. Alexánder Beltrán, también desmovilizado, se había declarado culpable y llegó a un acuerdo con la Fiscalía.
Por otro lado avanza que, si el proceso de paz con las Farc tiene éxito, la mayoría de los miembros de la conspiración para secuestrar a los estadounidenses serán blindados con algún tipo de inmunidad.
Navarrete, en cambio, se desmovilizó bajo la Ley 418 de 1997, que en el caso de los guerrilleros cobija los delitos, pero no el secuestro. Tal vez nadie le explicó, en ese entonces, que podría ser judicializado por el secuestro, a no ser que se sometiera a la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, diseñada en medio del proceso de paz con las Auc para aquellos actores del conflicto que han cometido delitos graves.
En Colombia y en Cuba, la extradición y judicialización de dos desmovilizados de las Farc ha sido recibida con absoluto silencio por esa guerrilla. Como excombatientes, estos hombres, junto a los otros 24.000 que la ACR calcula se han desmovilizado de la guerrilla, son traidores.
Pero para el Estado, sobre todo anticipando una posible desmovilización de las Farc, es urgente hacer compatible sus compromisos con los hombres y mujeres que decidieron dejar en conflicto antes de la firma de los acuerdos de paz. Es muy tarde para Navarrete, quien sufrirá la realidad de un país con varias justicias paralelas, propias y extranjeras. Pero para que su caso no se repita, un marco jurídico para la paz debe intentar resolver el caos jurídico que viven los desmovilizados actualmente, así como asegurar condiciones para los que saldrán luego de la firma de la paz.