Detrás del lenguaje burocrático característico de los documentos de política pública, el reporte del London School of Economics (LSE), “Después de la guerra contra las drogas”, ofrece una alternativa audaz para superar seis décadas de fracaso.
Las recomendaciones del grupo de expertos que participan en este documento son importantes para Colombia porque a sus conclusiones se adhirió el presidente Juan Manuel Santos (además de cinco galardonados del Nobel). Por eso el documento de LSE podría leerse como una hoja de ruta de los próximos pasos que este Gobierno dará en su reformulación de la antigua guerra contra las drogas. A propósito, este año Colombia liderará el debate en la ONU, en la sesión especial sobre política de drogas que tendrá la Asamblea General, donde todos los países del mundo revisarán los objetivos y métodos adoptados para tratar los problemas generados por las drogas ilícitas. También durante el 2016, es de esperarse, el Gobierno empezará a aplicar los acuerdos pactados en La Habana con las Farc, entre los cuales hay un componente importante en el tema de política de drogas.
¿Qué dice el reporte de LSE? La primera gran conclusión es que para contrarrestar los problemas generados contra las drogas hay que dejar en un segundo plan la lucha contra el negocio del narcotráfico, las políticas prohibicionistas, y concentrarse en luchar contra la pobreza, proveer servicios de salud, educación, y desarrollo económico (o lo que en el informe se engloba dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en la ONU como la agenda de desarrollo global para el año 2030). Priorizar el desarrollo sostenible antes que las políticas prohibicionistas se debe traducir, por ejemplo, en destinar menos recursos en las brigadas antinarcóticos, o la erradicación forzosa, y más a salud, educación, infraestructura y desarrollo económico. Y aunque no lo dice así el reporte, lo que implica este cambio de enfoque es tener que tolerar en buena medida la producción y el tráfico de cocaína, mientras el Estado logra proveer los servicios básicos y la protección de los derechos humanos en regiones marginadas del país.
Dirán algunos que la protección de los derechos humanos implica necesariamente la lucha frontal contra el narcotráfico. Sobre este debate es importante la segunda recomendación importante del informe de LSE: aplicar el principio de reducción de daños tanto al tema del consumo de drogas, como a la producción. La reducción de daños parte de la premisa de que el consumo y producción de drogas son realidades que hay que aceptar. El argumento acá es que, luego de medio siglo de políticas represivas, no se han podido erradicar, y aún más, los métodos para hacerlo han resultado más dañinos que el problema original. Por eso, reducir los daños y paliar los efectos de un fenómeno indeseable, es lo mejor a lo que se puede aspirar. En ese sentido, por ejemplo en el tema de la producción de drogas habría que enfocar los esfuerzos de la fuerza pública y el sistema judicial no contra los grandes traficantes, sino contra aquellos que violan los derechos humanos.
¿Si un Estado aplica estos principios no viola sus responsabilidades internacionales? Precisamente lo que dice LSE es que las convenciones contra las drogas deben leerse con flexibilidad y los nuevos enfoques deben darse no como un gran acuerdo internacional, sino como actos de soberanía de cada país. Es decir, es hora de dejar de regar sangre en Colombia por la juventud descarriada de los países ricos. Nos lo debemos a nosotros mismos.