Después de muchos ires y venires, a comienzos de este año finalmente se adjudicó la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Atlántica, que hasta el momento hace Electricaribe, a dos compañías, CaribeMar y CaribeSol. La primera se adjudicó a EPM; la segunda, al Consorcio Energía de la Costa.
A raíz de la pandemia, sin embargo, los indicadores de Electricaribe —así como los de muchas otras distribuidoras en el país— se han deteriorado, y de manera preocupante. Dos indicadores claves —las pérdidas de energía y el recaudo— muestran un retroceso que podría poner en riesgo el proceso mismo que se adjudicó el 20 de marzo pasado. En efecto, las pérdidas han pasado de niveles de entre el 26 y el 30 % a niveles del 38 %, mientras que el recaudo, que estaba en niveles de entre el 70 y el 80 %, bajó al 48 %, según cifras que aparecieron la semana pasada en medios de comunicación.
Es bueno precisar qué significa el deterioro de estos indicadores. Las pérdidas miden la diferencia en energía que entra al sistema y aquella que finalmente termina llegando a los usuarios. Las pérdidas del 38 % implican que al sistema entran 100 unidades de energía, pero solamente llegan 62 unidades a los clientes finales. Por cada 100 unidades de energía que compra Electricaribe, solo vende 62 y pierde las otras 38. Para el caso del recaudo, por cada 100 pesos que factura, a Electricaribe solamente le están pagando, a tiempo, 52. En ambos casos, las consecuencias económicas y financieras para la compañía son desastrosas, sobre todo porque las obligaciones que tiene —costos, gastos e inversión— no se pueden aplazar.
Lo anterior ha llevado a especular sobre la posibilidad de que tanto EPM como el Consorcio Energía de la Costa requieran ajustes al proceso antes de tomar posesión de CaribeMar y CaribeSol, ajustes que de no darse podrían hasta eventualmente reversar la transacción. La pregunta es: ¿tiene el contrato alguna cláusula que permita que el negocio se deshaga?
Aunque el contrato no se conoce, estos típicamente contienen cláusulas que no establecen directamente un derecho de retiro, pero sí permiten interpretaciones que podrían dar lugar a ello. En esos contratos generalmente se pacta una cláusula de Efecto Material Adverso, en donde se establece que si las condiciones del negocio se deterioran entre la fecha de firma del contrato y el cierre del negocio —en este caso prevista para el 30 de septiembre—, se podría invocar un derecho a retirarse de la transacción.
Esto, por supuesto, sería nefasto como resultado del proceso. Para el Gobierno, porque implica que debe seguir asumiendo la operación del servicio de energía en la costa Atlántica, con todos los costos y riesgos que esto implica (en lo que lleva la intervención, ya se han invertido alrededor de $3,5 billones en la región, y aún falta mucho más para comenzar a resolver el eterno problema de la calidad del servicio en la zona). Para EPM y el Consorcio Energía de la Costa, por el impacto reputacional que esto tendría y porque seguro el tema terminaría en un pleito jurídico que puede tener enormes costos y durar mucho tiempo. Y, sobre todo, para los usuarios del servicio, que llevan años esperando una solución de fondo a lo que se ha convertido en un problema grave de calidad del servicio por los constantes y continuos cortes de energía.
El problema de Electricaribe, además, va mucho más allá que la Costa. Esta región representa más del 20 % de la demanda de energía del país. Y no resolver su situación de fondo pone en riesgo el resto del Sistema Interconectado Nacional. Por el bien de todos, esperemos que tanto Gobierno como adjudicatarios puedan llevar a feliz término este importantísimo proceso.