Desde hace mucho tiempo, en Colombia la forma de confrontar es acabar con el enemigo, borrarlo de la faz de la tierra, sobre todo en el debate político. Los liberales querían acabar con los conservadores, los conservadores con los liberales. La hegemonía, pensar igual es lo único que sirve. Todo lo demás se resuelve a las patadas. La convivencia con quien piensa distinto, así esté en lo correcto, es realmente difícil. Y todo por el control político, por el poder, por figurar.
Peor aún, ese desprecio por la visión del otro, por la opinión contraria, no solamente acaba en la política, en el discurso, en la dialéctica. No. Si así fuera, no debería ser tan grave. El problema es cuando esta actitud virulenta, de arrasar, permea todo. La política pública, las instituciones, la justicia. En ese momento, la falta de tolerancia se vuelve una amenaza seria a la viabilidad y la convivencia por la gran asimetría entre quienes ostentan el poder y quienes no.
Los más recientes ejemplos son dicientes. Los jueces, actuando en nombre de “ciudadanos preocupados”, se involucran en decisiones sobre proyectos que deban hacerse o no en una ciudad, como el caso de Transmilenio o el metro en Bogotá. O, por temor a retaliaciones de la Procuraduría, el director de la CAR en Cundinamarca no firma un convenio para la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas porque, a juicio de un procurador que no tiene ni la más remota idea de cómo contratar una concesión de infraestructura, ni cómo distribuir los riesgos en ese proceso, decide que se necesitan estudios definitivos con diseños de detalle para poder adjudicar.
Por este camino, Colombia está probando realmente ser muy difícil de gobernar, de gestionar, no importa quién esté en el poder. La política se volvió transaccional, con consecuencias no menores para el país. El riesgo jurídico y político está llegando a límites intolerables por esa manera de ver cómo se acaba con quien piensa distinto. Esto lleva, inequívocamente, a que solamente quienes estén dispuestos a navegar esas turbias aguas, quienes tengan esa habilidad de arrasar, terminen quedándose con los espacios políticos, con la política pública, con los contratos. Con deseos de poder y de ver a su contrincante en la lona.
Estos navegantes están lejos de ser, como se ha demostrado en el pasado, las personas mas idóneas para hacer política pública, o para manejar presupuestos, o para ejecutar proyectos de gran envergadura, riesgo e inversión. Y en la mitad, como siempre, la ciudadanía, impotente y sufriendo las consecuencias de unos vanidosos dándose en la jeta.
Hay que llenar el espacio político con debate serio, intelectual, conceptual, ideológico. La lucha política está poniendo en riesgo el Estado de derecho y las instituciones. Ojalá no sea muy tarde para recuperarlo.
Ojo al dato: las reservas de gas bajaron de 3,9 a 3,8 terapiés cúbicos, menos de diez años de consumo en el país. Ya es hora de sacar la licitación de la planta de regasificación en el Pacífico. Las reservas de fracking, si es que algún día las veremos, se demoran a lo menos diez años en desarrollarse.