El futuro de los Estados, al menos bajo la forma que tuvieron a lo
largo del Siglo XX, es incierto. Al paso rampante de los procesos de
comunicación y de privatización, es posible que a la vuelta de unos
años lleguemos a depender más de las reglas de conglomerados
empresariales, o de fenómenos culturales de cubrimiento universal, que
de entes de corte político tradicional. Entonces tal vez nos
encontremos en un mundo que privilegie las pequeñas divisiones
territoriales, porque son más idóneas para vivir la cotidianidad.
El impacto de la globalización en los Estados de América Latina no se puede soslayar. No es ya escuetamente el imperialismo de otras épocas el que produce efectos en la vulnerabilidad de sus fronteras. Es un cúmulo de fenómenos universales el que ataca por todos lados esos esquemas estáticos de los siglos XIX y XX, sobre las cuales se hicieron construcciones políticas y económicas al ritmo de la idea de que todo debe girar en torno a los estados nación.
Es un hecho que las fronteras latinoamericanas ven pasar todo tipo de fenómenos comerciales y comunicativos que las van borrando. Como también lo es que, por debajo del armazón de los Estados de la región, existe una distribución de provincias que tienen vida propia, en muchos casos desde antes de la conquista europea.
Los modelos de gobierno ideados para manejar esa compleja realidad, y para hacer compatibles los intereses generales con los de cada provincia, no han sido siempre afortunados. Una enorme dosis de anacronismo y una evidente falta de previsión, reflejadas en el centralismo y la mala administración, se han encargado de posponer el logro de esquemas que permitan conciliar los intereses amplios de orientación del Estado con los requerimientos de bienestar y progreso de las comarcas.
La búsqueda de ese modelo conciliador de intereses e impulsor del desarrollo es urgente, porque se trata de una materia atrasada prácticamente en todo el continente. Entre tanto, y en la medida que las regiones, bajo el liderazgo de sus ciudades capitales, se van vinculando al mundo al ritmo de la globalización, suben las expectativas y los ánimos en busca de autonomía.
Poco a poco las provincias van ganando confianza. La identidad cultural les inspira y les sirve de cemento. Sobre esa base se entiende cada vez más que una buena dosis de autonomía regional se puede convertir en factor de desarrollo económico, lo mismo que en herramienta de consolidación democrática. La razón es sencilla: el sentimiento de control del poder político se fortalece cuando las discusiones tienen que ver con las opciones reales de calidad de vida diaria.
Los hechos de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a pesar de sus particularidades en relación con la geografía y la composición étnica de ese país, y debido también a las mismas, son una señal de alarma sobre las consecuencias que puede traer el no tramitar a tiempo la discusión ordenada sobre el modelo de autonomía que pueden llegar a tener las provincias al interior de uno de nuestros Estados.
Antes de que las regiones con vocación de progreso, y deseos de hacer cosas por su cuenta, terminen insertas en procesos separatistas, es urgente adelantar una sana discusión sobre la mejor manera de permitirles aventuras razonables de iniciativas para el desarrollo económico y social, al tiempo que se les mantiene vinculadas a un proyecto nacional. Esto quiere decir que podemos ser consecuentes con la tendencia, difícil de revertir, de un florecimiento de las provincias, en la medida que se les permita una dosis de autonomía al tiempo que se les comprometa en propósitos comunes y en particular al de rescatar sectores geográficos y sociales que no hay que aislar de las bondades del progreso.
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