El apoyo manifiesto a las causas nacionales en el escenario internacional es obligación fundamental de los gobernantes. Nadie se debería dar el lujo de dejar la defensa de los intereses de su país en las manos exclusivas de asesores, y mucho menos adoptar una posición desde la cual le quede fácil, según el resultado, reclamar triunfos o escapar “indemne” en caso de infortunio.
En una fotografía, tomada en el interior del Palacio de la Paz, que aloja a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aparece el presidente boliviano Evo Morales en medio de un grupo que incluye expresidentes y diplomáticos de su país, además de los necesarios e inevitables asesores internacionales.
La presencia de Evo, y sus manifestaciones vigorosas en favor de la causa boliviana, estuvieron correspondidas desde Santiago por el recién posesionado Presidente Piñera, que con equivalente entusiasmo se expresó por su parte en favor de la causa chilena. Ambos, de manera inequívoca, ante propios y extraños, hicieron público su apoyo a las posiciones de su respectivo país, mientras las delegaciones de ambas partes presentaban sus alegatos ante la Corte.
Más de un siglo después del final de la Guerra del Pacífico, peleada por soldados campesinos, aldeanos y mineros de Chile, Bolivia y el Perú, se viven todavía las consecuencias funestas que pueden traer los conflictos armados, particularmente cuando involucran a países hermanos.
Al finalizar el Siglo XIX, Bolivia tenía dominios costeros soberanos sobre el Océano Pacífico, heredados de la configuración colonial que sirvió de base a las delimitaciones entre las repúblicas de nuestra América hispánica. Un Tratado de 1874 señalaba los límites que, en el sur de su costa pacífica, le separaban de Chile, y al mismo tiempo establecía complejas condiciones de explotación conjunta de diferentes minerales, y de guano, por parte de ambos países. El Perú, con quien la franja boliviana limitaba al norte, se mantenía vigilante y celebró con los bolivianos un pacto secreto de defensa mutua, diseñado para la ocurrencia de eventuales desavenencias entre éstos últimos y los chilenos.
El pretendido cambio, por parte de Bolivia, de las reglas de juego de la explotación conjunta de recursos, y de las libertades y protecciones de impuestos acordadas, desató la reacción chilena y condujo a una guerra que se libró tanto en el mar, con embarcaciones de todo tamaño y material, inclusive de madera, lo mismo que en el desierto de Atacama, y el territorio peruano, cuya capital, Lima, llegó a estar ocupada por tropas chilenas. Como resultado de la confrontación, Bolivia perdió su Departamento del Litoral, el puerto de Antofagasta y su salida al mar. El Perú, que había entrado en la guerra para cumplir su pacto de solidaridad con Bolivia, terminó perdiendo a manos de Chile un segmento de su territorio que incluyó Arica y Tarapacá.
A partir de entonces, y a pesar de la existencia de un tratado de 1904, que señaló los nuevos límites chileno bolivianos según el resultado de la guerra, esto es con Bolivia encerrada, sin perjuicio de algunos derechos de acceso al mar por territorio chileno, los bolivianos han insistido en diferentes tonos y momentos en una negociación con Chile para devolver las cosas, en cuanto se pueda, a la situación de finales del Siglo XIX. Su acción más reciente dentro de ese propósito ha sido la de demandar a Chile ante la Corte Internacional de La Haya, invocando el Pacto de Bogotá, con el objeto de que ese tribunal obligue a Chile a negociar.
La sentencia de la Corte tardará unos meses en producirse. Sin entrar en los detalles del proceso, y sin hacer cábalas sobre las posibilidades de cada quién, es de subrayar el comportamiento de los gobernantes de Chile y Bolivia respecto del asunto. De ambas partes se han notado el compromiso y el liderazgo, el interés y la confianza en la causa propia. Ambos países han tenido que acudir, como corresponde, a contratar los servicios de aquellos miembros de la cofradía de abogados internacionales que litigan ante la Corte, y de los cuales nadie puede prescindir si tiene interés en sacar un resultado decoroso. Pero, además, en cada caso ante su propia nación, tanto los presidentes como los cancilleres han estado en primera línea, enterados del fondo del asunto, sosteniendo el ánimo nacional, sin ambigüedades, en cuanto al respeto por la Corte y la predisposición a cumplir con el fallo que produzca. Sin cálculos de escape ante la eventualidad de un resultado que pueda afectar su imagen ante la opinión interna de su respectivo país.
Como quiera que nosotros tenemos pendiente un asunto ante la misma Corte de La Haya, en razón de la nueva demanda que en contra de nuestro país presentó Nicaragua, los ejemplos de Chile y Bolivia no dejan de ser relevantes. Ya el gobierno colombiano había dicho solemnemente que no acudiría a responder la demanda ante el citado tribunal, pero luego terminó haciéndolo sigilosamente, en buena hora en todo caso, para defender nuestros intereses. Pero el asunto, como es costumbre entre nosotros, se mantiene guardado en recintos recónditos y no circula como parte de la discusión de los asuntos de interés público nacional.
Ya con motivo de la sentencia de 2012, que señaló nuestros límites marítimos con el país centroamericano, en lugar de resaltar el éxito de la defensa de nuestra soberanía sobre absolutamente todas las islas, islotes y cayos, que quedaron en manos de Colombia, se abrió paso a la interpretación derrotista según la cual habíamos perdido áreas marinas que a la hora de la verdad solo eran nuestras en el campo de la imaginación. Ahora, cuando se desarrolla un proceso para escoger al presidente que probablemente estará en funciones cuando salga el nuevo fallo, sería bueno que los candidatos nos informen si conocen, y quieren conocer el asunto, si les interesa y si tienen respecto de él una u otra posición.
Sin necesidad de revelar los secretos de la estrategia respectiva, que implica profundo conocimiento de asuntos especializados que no circulan en el ámbito de nuestra devaluada justicia, la opinión tiene derecho a saber qué tanto interés tendría su nuevo mandatario en una materia que formará parte de un conjunto de responsabilidades que no puede eludir. Así como en otras épocas había que conocer, y en lo posible estar en el campo de batalla, ahora hay que manifestarse en favor de nuestras causas, con suficiente conocimiento de la materia, en los procesos ante los tribunales internacionales. No hacerlo, o jugar de manera calculada a no correr riesgos, para no exponer el prestigio político interno y tratar de “quedar bien” a ultranza, sería faltar a un deber esencial del liderazgo que esperamos de nuestro nuevo presidente.