Ahora que se sabe de verdad quiénes son los candidatos a alcaldías y concejos, corresponde a los ciudadanos ejercer el derecho a someterlos a cuidadoso examen y la obligación de hacerles propuestas.
La agenda de la campaña, y más tarde la del gobierno municipal, no se puede limitar en aldeas y ciudades a lo que se les ocurra a los candidatos, por bien intencionados que sean. Tampoco se pueden reducir a aquello que sus asesores programáticos y sus estrategas electorales recomienden. Los beneficiarios o damnificados de la acción del gobierno local son los habitantes de cada lugar. Por eso mismo es necesario que se manifiesten oportunamente sobre una amplia gama de temas sobre los cuales pueden retroalimentar a sus gobernantes.
Los problemas de los municipios son numerosos y complejos. Su apreciación desde el ángulo de las ambiciones políticas es apenas parcial. Diferente de la que se puede configurar desde la experiencia de gobernar o desde la perspectiva de uno u otro grupo social. Como no se puede esperar que todos los aspectos a tener en cuenta procedan de la cosecha de quienes por lo general saben más de conseguir votos que de las complejidades de la vida urbana, nadie puede pretender que los conoce cabalmente. Por eso es preciso promover reflexiones colectivas, que no se pueden hacer en montonera pero pueden formar parte de una agenda conocida por todos y abierta a todos.
En esa lógica deberían aparecer los partidos políticos, si es que los hay de verdad, y manifestar su pensamiento sobre el gobierno local; en lugar de limitarse a protagonizar el festival de unos avales sin mayor fondo programático. Los propios alcaldes salientes deberían expresar, sin reservas y con el mejor ánimo de servicio público, todo aquello que consideren indispensable preservar o prever para el aseguramiento del proceso de gobierno de cada municipio. Pero no son ellos los únicos llamados a alimentar la discusión sobre el curso que deberá tomar la administración local en el siguiente periodo de gobierno. Las asociaciones civiles y los gremios viven las vicisitudes de la vida de las ciudades y de los conjuntos de municipios asociados a ellas en la realidad de la vida de negocios, y conocen bien cuál puede ser el clima más favorable al proceso de desarrollo de los diferentes sectores. Por eso hay que escucharlos. Con las organizaciones sociales pasa otro tanto. En su seno existe una capacidad de observación y de propuesta de alternativas que constituye un insumo de enorme valor a la hora de planear y de gobernar con criterio adecuado al interés general. Los académicos, desde las más variadas disciplinas, siempre tendrán observaciones válidas que conducen a una apreciación de conjunto que puede enriquecer los programas de gobierno.
Sobre la base de todos estos aportes, justamente en estas semanas, previas a la cita de las elecciones, se deben realizar cuantos debates sean necesarios para acopiar ideas a favor del mejor gobierno de cada municipio. Debates que han de demostrar que hemos madurado o que al menos estamos en camino de la madurez política que ponga fin al asalto a los gobiernos locales por parte de sectores tradicionales que en muchos casos resultan estériles, para no hablar de los que se apoderan de alcaldías y concejos con pretensiones alejadas del propósito fundamental del bien colectivo. La idea de fondo es avanzar en la consolidación de una democracia local que no se puede reducir al simple hecho de ir a votar.
Subsiste, como una de las mayores y más tristes “colombianadas” la obligación de que cada nuevo gobernante comience su gestión con la elaboración de su plan de gobierno. ¡Qué contrasentido! ¡Que demostración de atraso político y de pérdida de tiempo! Todo el que llegue a ser elegido tiene el deber, solo entonces, de elaborar un programa de gobierno. Es la consagración de una costumbre política de campañas electorales vacías, a lo largo de las cuales no es necesario hablar de lo que cada quién se propone, porque lo que se propone se conocerá en términos concretos solamente cuando salga elegido. Siendo que lo normal debería ser que cada candidato sometiera a la consideración popular precisamente lo que constituya la propuesta de su plan de gobierno.
Poco a poco debemos ser capaces de exigir que, sin perjuicio de la formulación ritual del plan el mismo primer día del respectivo período, los temas propios de su contenido sean discutidos de antemano. Para no seguir girando cheques políticos en blanco a unos personajes que, después de investidos del poder local, terminan por improvisar toda una cantidad de políticas sobre las que nadie discutió a lo largo de la campaña y pasan por alto problemas e ignoran propuestas que le darían al respectivo gobernante el aval más importante, que es el de unos votantes que tengan plena conciencia sobre las razones del ejercicio de su poder en uno u otro sentido.