El acuerdo de Lima sobre cambio climático será apenas un lánguido lamento si la fuerza ciudadana no supera el abuso de unos Estados y la impotencia de otros para actuar.
La historia del calentamiento global pudo haber comenzado antes de que Thomas Newcomen inventara el motor de vapor al comienzo del Siglo XVIII y desatara con ello la carrera hasta ahora sin fin de la quema industrial del carbón, que ya entrado el Siglo XX alcanzó en un año el billón de toneladas convertidas en humo. Las advertencias del efecto nocivo que la acción del hombre podría producir en el ambiente, no son ni mucho menos recientes. Ya en el Siglo XIX hubo voces que alertaron sobre principios y fenómenos que conducirían a un calentamiento general producido por la acción permanente de la especie humana en ejercicio de su actividad productiva.
El descubrimiento de los usos del petróleo, mucho más allá de las bolas incandescentes que bajo el nombre de “fuego griego” permitieron tantas victorias militares, se vino a sumar como factor de deterioro ambiental cuando desencadenó el tsunami hasta ahora incontenible del desarrollo del automóvil. Esa fabulosa herramienta de movilidad, útil para conquistar caminos inverosímiles y superar en pequeños grupos, cuando no individualmente, distancias antes difíciles de recorrer, se convirtió en símbolo de status y depredador inclemente del aire, particularmente en las ciudades, que es donde vive la mayor parte de los habitantes del planeta.
Atrapados entre esos y otros muchos factores de deterioro ambiental, los aspirantes a sobrevivir las avalanchas del progreso y del desastre clamamos por una acción decidida de los Estados en busca de acuerdos de moderación que frenen la carrera desaforada que por primera vez en la historia hace que el clima cambie de manera dramática por la acción del género humano, como se puede percibir en cada país en las condiciones propias de la cotidianidad.
Podría decirse que más allá de los vericuetos de la vida económica, que funcionan conforme a una lógica que escapa en su refinamiento al alcance de los ciudadanos del común, y más allá de las consideraciones de la geopolítica y de la estrategia militar, el problema del cambio climático es un fenómeno fácil de percibir y cuyas consecuencias son ya tan ostensibles que no requieren de esquemas sofisticados de análisis para suscitar la reacción ciudadana. A la luz de esa consideración es posible pensar que de pronto la mayor equivocación puede ser la de confiar la discusión y el manejo del asunto a los Estados.
El curso del encuentro de Lima, que por fortuna terminó en una declaración de consenso, es la mejor muestra de cómo los Estados no son capaces de afrontar el problema con la mirada puesta exactamente en el bien de toda la humanidad. Movidos por consideraciones propias del egoísmo de cada quién, el panorama de la actitud de los Estados presenta el mismo cuadro de siempre. Unos poderosos que se consideran vanguardistas del progreso, la innovación y el desarrollo, presionados desde adentro por sus propios intereses, apenas llegan a firmar propósitos, como ya lo han hecho en el pasado, a sabiendas de que nadie los va a obligar a cumplir. Otros, aunque más sensibles al problema, menos responsables de su agravamiento y más interesados en su solución, que les implica menos sacrificios, firman con entusiasmo pero saben que no tienen en sus manos el poder de producir resultados, cuando no resultan obligados a protestar por la injusticia de las cargas que, encima de todo, se les quieren imponer.
Frente a este panorama, la Convención programada para 2015, punto de conciliación para que la reunión de Lima no fracasara, no augura necesariamente un avance sustancial ni una modificación al esquema de desigualdad, abuso e impotencia, factores todos que demoran el emprendimiento de una acción colectiva de amplio espectro que pueda significar verdaderamente un cambio de la realidad. Por eso, y aunque parezca utópico, irrealizable o quijotesco, aunque por ahora sea apenas un sueño y un deseo, esta situación que afecta al conjunto de la humanidad puede ser precisamente el factor que suscite la ampliación del ejercicio político de los ciudadanos de todos los países en busca de compromisos efectivos de los Estados a favor de la desaceleración del problema del cambio climático resultante de la acción humana.
Pero no se debe tratar simplemente de exigir compromisos y cumplimiento por parte de los Estados. Se trata, además, de actuar y de luchar sin pausa bajo los parámetros de la fuerza arrolladora de la acción colectiva, del ejercicio inteligente de la “noviolencia” para obligar a la formulación de políticas adecuadas de control de la calidad ambiental. También se trata de la observancia ciudadana de conductas constructivas en la vida cotidiana que lleven a los depredadores mayores, y a sus aliados políticos y burócratas de cada Estado, a la conclusión de que la humanidad prefiere tener menos bienes superfluos, de los que se han inventado para guardar la apariencia del progreso a través de la acumulación, y contar más bien con un aire mejor para respirar, que no es otra cosa sino el combustible que sostiene la vida. Un tsunami ciudadano en ese sentido sería un avance importante del género humano y sería posible, más que nunca antes, sobre la base ya existente de una multitud de agrupaciones civiles sin fronteras que, gracias a los medios contemporáneos de comunicación, pueden encontrar opciones de solidaridad de espectro internacional en busca del balance adecuado entre progreso y bienestar, no solo como asunto de supervivencia sino de responsabilidad hacia las generaciones del futuro.