Todavía hay países que cifran su honor ante la comunidad internacional en el respeto por los fallos de los tribunales a los que han sometido sus controversias.
Nada más anómalo y perjudicial, para la supervivencia de cualquier orden institucional, que la relatividad del acatamiento a las decisiones judiciales. ¿Qué quedaría del orden internacional como resultado de la actitud primitiva de uno u otro país de apartarse del cumplimiento de las decisiones del máximo tribunal del mundo, porque no le gustaran o no le convinieran?
Los gobiernos de Chile y Perú han demostrado que se ocuparon a tiempo y adecuadamente de comprender el fondo y la forma del litigio de definición de derechos en el Océano Pacífico que en sus instancias finales les correspondió afrontar a los actuales gobernantes ante la Corte Internacional de Justicia. Sin dejar sombra de duda sostuvieron, antes y después del fallo, la promesa de acatarlo. Para ello ilustraron oportunamente a la opinión pública. También se preocuparon por mantener la unidad nacional en torno al tema, y de sostener la actitud, y el contenido, de política de Estado requerida en circunstancias como las que rodean ese tipo de litigios.
Como en la mayoría de los casos, la Corte tomó una decisión que, respecto de cada parte, concede la razón en unas materias y la niega en otras. Y aunque la decisión fue dividida, a nadie se le ha ocurrido descalificar a los jueces, que para ocupar ese lugar han debido someter exitosamente su candidatura tanto a la Asamblea General como al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Filtros suficientes, además de su procedencia regional y de uno u otro sistema jurídico, para sustentar confianza en su proceder, como se puede ilustrar aún más en los documentos que presentan el dispendioso curso de cada caso en el seno de ese Tribunal.
Jawaharlal Nehru decía que en esas materias siempre hay alguien que se queja y, aún más, alguien que cree que no se defendió bien a la patria. Pero también reconocía la importancia de ver esos asuntos a la luz de los grandes tramos de la historia, para hacer las cuentas con calma, sobre todo lejos ya de las circunstancias internas del momento.
Nadie ha dicho en Chile ni en el Perú que, por el hecho de no haber dado toda la razón a la respectiva parte, la Corte sea el enemigo. A nadie se le ha ocurrido armar un lío interno de responsabilidades que no vienen al caso, máxime cuando no se hicieron, para esas gracias, con la debida oportunidad. A nadie se le ha ocurrido, y seguramente no se le ocurrirá, ir a golpear a la puerta del Secretario General de la ONU a dar quejas del fallo, para demostrar no solo desconocimiento del derecho sino ignorancia de los roles institucionales de cada uno de los órganos de las Naciones Unidas. En el caso de ambos países se ha notado el profesionalismo de sus Cancillerías.
Es utópico pretender ganarlo todo en procesos que dirimen asuntos complejos de fronteras internacionales, que han de tener en cuenta conceptos geográficos, históricos y económicos, al tenor de una normatividad especializada. Lo mismo que es equivocado considerar que el pleito se ha perdido porque no se consiguió todo lo que se había alegado.
En Colombia, con la serenidad que de pronto provea la ausencia de los procesos electorales que todo lo tergiversan, será bueno hacer otra vez las cuentas del fallo que resolvió nuestro litigio con Nicaragua. Desprovistos de la misma animosidad que hasta ahora no nos ha permitido vivir en paz con nosotros mismos, seguramente llegaremos a entender, por fin, que no todo fue malo para nuestro país y mucho menos bueno para Nicaragua. Y podremos advertir el valor de lo que aseguramos, así como lo que la contraparte pretendía y jamás pudo obtener.
De ahí, seguramente, con el respeto por el fallo inapelable que habíamos ya prometido cumplir, no solo por el hecho de someternos a la jurisdicción de la Corte, sino en declaraciones abiertas ante todo el mundo, podremos pasar a ser considerados otra vez un país respetuoso del Derecho Internacional, en lugar de insistir en una conducta de abandono de nuestras credenciales en la materia, de las que tanto nos ufanábamos en otra época y que sirven como base de extraordinario valor para la credibilidad que necesitamos en el panorama internacional, para todos los efectos.