La búsqueda del bienestar social no puede ser entendida como manifestación de anacronismo político.
Aunque unos cuantos interesados consideren cualquier reflejo del Estado Benefactor como pasado de moda, ineficiente y digno de ser proscrito, no hay porqué pensar que en adelante todo hay que dejarlo en manos de los particulares.
Con su imagen maltrecha ante los defensores de la paz, debido a sus contradicciones como laureado Nóbel y al tiempo promotor de guerra en Afganistán, Barack Obama está en cambio cerca de conseguir una victoria trascendental en el seno de la sociedad estadounidense. Victoria de su propia cosecha y del más puro carácter demócrata, que permitirá la redención de al menos treinta millones de personas, abandonadas hasta ahora a su suerte en materia de salud, en medio de una sociedad opulenta.
Naturalmente los ciudadanos de los Estados Unidos tienen acceso a servicios de salud, conectados en muchos casos a la medicina más avanzada, resultante de la enorme corriente de investigación que encabeza ese país. Salvo que un empleador provea el cubrimiento, el principio general del sistema consiste en que cada quien tiene que buscarse un seguro privado que va pagando regularmente conforme a una amplia gama de planes.
El gobierno también toma parte, de manera subsidiaria, en el esquema. Lo hace para ciertas minorías, tales como personas de muy bajos recursos, principalmente ancianos, veteranos de guerra, minusválidos o menores desprotegidos. En este punto radica una diferencia importante con otros países desarrollados en los que una de las conquistas más grandes de otras épocas radicó en la consolidación de un servicio de cubrimiento total con cargo a fondos públicos. Con los defectos que ese otro extremo pudiese tener.
Lo que llevó a Obama a proponer modificaciones fue el hecho de que, al menos en la interpretación de los demócratas, los costos del sistema se han elevado tanto que lo han hecho tambalear. Esto ha significado que cada vez más ciudadanos se vean cortos para darse el lujo de pagar el régimen que escogieron, en unos casos para quedar sub-asegurados, y en otros para quedar sin cubrimiento.
El tema ciertamente jugó un papel importante en el resultado electoral a favor de los demócratas. Ahora figura muy alto en la agenda interna, donde el Presidente lo ha colocado en lugar prioritario, en una especie de apuesta grande contra la ortodoxia de sometimiento ciego a las leyes del mercado y la primacía de los particulares en la prestación de servicios públicos. Ese concepto reagano – tatcherista copiado entre otras cosas con devota sumisión en países periféricos, como si fuese una panacea, aunque el contexto local fuese totalmente distinto.
Los calificativos que ha recibido Obama por atreverse a contradecir a los pontífices de la extrema derecha han llegado hasta el ridículo, tal vez porque ha herido sentimientos muy profundos. Si la propuesta sale adelante, no sólo significará una victoria política para el Presidente, sino que pondrá en afanes a ciertos sectores, y particularmente a quienes tienen la manía de celebrar tragedias como la de Nueva Orleans, el tsunami asiático o las primeras guerras del Siglo XXI, porque ven en ellas oportunidades de negocios y además quieren ver a los gobiernos alejados de cualquier compromiso social.
Todo parece indicar que la propuesta de Obama, aprobada ya, aunque en versiones ligeramente diferentes, por la Cámara y el Senado, se aproxima a convertirse en Ley. Con lo cual no sólo se anticiparía a un desenlace catastrófico de la crisis del sistema, sino que pondría al gobierno a jugar un papel relevante en el cubrimiento del servicio y reverdecería principios que muchos no quieren aceptar, como el de la intervención del Estado en la atención de problemas sociales, que para ciertos empresarios significan apenas posibilidades de enriquecimiento.