Los gobernantes deben reconocer la importancia del legado que dejan al salir del poder.
Sus prácticas y costumbres, el grado de su respeto por las instituciones, y hasta sus acuerdos públicos y privados, tienen consecuencias para el conjunto de la sociedad. De alguna manera el ejercicio del poder tiene efectos pedagógicos que conllevan, como en los procesos educativos, tendencias a la admiración, la emulación o el reproche. Por el simple hecho de ejercer su oficio, el gobernante se convierte en paradigma no sólo de lo posible sino de la manera en la que se hacen o se dejan de hacer las cosas. De todo ello queda huella no solamente en los papeles oficiales, sino en el alma de la ciudadanía. La limpieza de dichas huellas mejora o descompone, según el caso, el panorama de la vida pública de cada país.
El último día de mayo de 2010, Jeffrey Oliphant, un respetado juez de la Corte de Manitoba, rindió finalmente el veredicto de la Comisión que, bajo su presidencia, se ocupó de auscultar las complejidades de las actuaciones presumiblemente indebidas en las que se vio envuelto Brian Mulroney, el político conservador oriundo de la Provincia de Québec que ejerció el cargo de Primer Ministro del Canadá entre 1984 y 1993. Los trabajos de la Comisión investigadora habían comenzado en 2007, cuando Stephen Harper, actual jefe del gobierno, decidió armar un equipo independiente que estableciera de una vez por todas la posible responsabilidad de Mulroney en sus tratos con el alemán, Karlheinz Schreiber, con quien tuvo relaciones de amistad desde la penúltima década del Siglo XX.
El resultado del trabajo de la Comisión se resume, en pocas palabras, en la afirmación específica de que Mulroney actuó de manera inapropiada. Semejante síntesis no muestra, sin embargo, las dificultades del laberinto en el que se metieron no sólo el antiguo Premier sino una serie de personas y empresas al plantearse la conveniencia de que un hombre de poder, y con poder, hiciera ciertos mandados al servicio de intereses privados, mientras ocupaba el cargo más alto del servicio público de su país.
De vieja data, y también de alta significación política, los enredos de Brian Mulroney han venido a opacar su imagen ante millones de conciudadanos que se precian de practicar la política en un ambiente relativamente depurado, con un nivel educativo altísimo, en un país que tiene todas las ventajas del primer mundo y muy pocas de sus desventajas. Y en el que el ejercicio de la ciudadanía implica hacer mucho más que leerse por ahí la prensa, ir a votar el día de las elecciones.
La Real Policía Montada acusó en 1995 al ex Primer Ministro y a otro personaje, Frank Moors, de haber aceptado retribuciones extralegales del señor Schreiber con motivo de un negocio enorme de compra de aviones de Airbus para Air Canada, en la época en la que Mulroney ocupaba la jefatura del gobierno. Allí se inició una secuencia larguísima de ires y venires, declaraciones y aclaraciones de esas que siempre quedan a mitad de camino porque con frecuencia se descubre que no se ha dicho toda la verdad, o que las justificaciones no alcanzan a explicarlo todo.
Las negativas del acusado condujeron inicialmente, y respecto de ese caso, a que uno de los gobiernos siguientes tuviera que pedirle excusas y, con dinero de los contribuyentes, darle una indemnización. Pero entonces vinieron nuevas acusaciones que vinculan al antiguo Jefe del Gobierno a diferentes escándalos, inclusive en épocas en las que, ya retirado del Ejecutivo, se desempeñaba como Diputado de la Cámara de los Comunes, cuando aparentemente habría recibido fondos cuantiosos en calidad de consultor a favor de negocios privados.
Para efectos de la vida pública canadiense, el sólo hecho de que la Comisión Oliphant haya calificado como “inapropiada” la conducta de un antiguo Primer Ministro, produce reclamos de toda procedencia en busca del fortalecimiento de los estándares éticos de la actividad política. De nada le sirve a Mulroney el haber sido el artífice del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, considerado como una conquista importante para el Canadá en todos los frentes, ni el haber sido el más avanzado jefe de gobierno como protector del medio ambiente, ni ninguno de los muchos éxitos de sus dos mandatos. En medio de un clima que le pone mucha atención a la decencia en el ejercicio de los cargos públicos, hay quienes piden que devuelva lo que una vez recibió como indemnización en el caso de los aviones, lo mismo que lo que obtuvo como consultor más tarde. Al cabo de lo cual, dicen, se podrá lavar las manos, pero no podrá limpiar su legado, que quedará manchado para siempre en un país que se preocupa por mantener, lo más alto que se pueda, la exigencia de buen comportamiento de su clase política, y en particular de sus gobernantes.