En los últimos meses ha arreciado la inconformidad por la ampliación de las desigualdades.
En las publicaciones especializadas se destinan numerosas páginas para ilustrar el deterioro en la distribución del ingreso a lo ancho y largo del mundo. Sin embargo, no han avanzado en una explicación convincente de las causas del agravamiento del mal y las soluciones.
Parte de la explicación reside en que los círculos influyentes no le dan suficiente importancia a la suerte de los sectores menos favorecidos. Las prioridades y evaluaciones giran en torno a los tópicos de mayor resonancia. Así, el debate sobre la nueva administración distrital se refiere a los aspectos de infraestructura y movilidad. Si bien estos temas son importantes para el bienestar ciudadano, su incidencia sobre la equidad es reducida.
No es nuevo. La Alcaldía de Bogotá ha sido una especie de gerencia de construcción pública. La mayor parte del presupuesto se destinaba a la realización de obras y al mantenimiento de vías, y el éxito se medía por los kilómetros de inauguraciones. La práctica se trató de modificar con la reforma constitucional de 1991, que estableció como principal función administrativa de los municipios y distritos la atención de los derechos fundamentales de salud, educación, vivienda y empleo.
Infortunadamente, la idea no tuvo continuidad institucional y careció de sustento presupuestal. La norma central, que estableció que las transferencias regionales para salud y educación debían incrementarse hasta atender satisfactoriamente las necesidades, se revocó y se sustituyó por otra que limitaba su crecimiento ligeramente por encima de la inflación. Ahora, en materia de vivienda y empleo no se avanzó en disposiciones específicas y su cumplimiento quedó a la discrecionalidad del gobierno central, con resultados deplorables. Para completar, la regla fiscal supeditó el cumplimiento de los derechos fundamentales a criterios de austeridad fiscal.
Bogotá ilustra bien la paradoja y la salida. La ciudad genera el 25% del PIB y el 38% de los ingresos tributarios de la Nación, pero recibe únicamente el 8% en estos últimos. Como los réditos de los sectores altos no gotean a los sectores menos favorecidos, el rápido progreso de la metrópoli va de la mano de la ampliación de las desigualdades. El coeficiente Gini pasó en los últimos cuatro años de 0,51 a 0,54, situando a Bogotá entre las ciudades más excluyentes del mundo.
No sería realista esperar que esta asimetría se pueda corregir con la estructura tributaria o con la moderación del gasto en infraestructura. Los gravámenes distritales están supeditados a los nacionales y su manejo depende en buen grado del gobierno central. Las necesidades de transporte masivo y mantenimiento vial impiden modificar en el corto plazo la tendencia del gasto destinado a infraestructura y movilidad.
El mayor margen de maniobra para acortar la brecha de ingresos se encuentra en el endeudamiento. Su elevación en un plazo de cuatro años a 10% del PIB, cifra inferior a la de ciudades similares y muy inferior de las empresas industriales, permitiría aumentar el presupuesto distrital de $11 billones a $14 billones (2,5% del PIB) durante el cuatrienio. Si estos recursos se destinan a programas de atención a la primera infancia, ampliación de las jornadas escolares, universalización de la salud, construcción de vivienda de interés prioritario, baja de tarifas de servicios públicos para estratos 1 y 2 y la formalización de la mano de obra, el panorama social de la ciudad se transformaría. Los ingresos de los sectores más pobres se incrementarían por encima del promedio, el mercado interno se ampliaría y el coeficiente Gini se reduciría en forma considerable.