Ésta sería de lejos la mejor opción si la política de erradicar resultó inefectiva. La solución es sustituir la represión de la oferta por la intervención del gobierno en la adquisición de la droga o en su defecto, por un impuesto.
La droga es el aspecto más novedoso de la agenda de la Cumbre de las Américas en Cartagena. En una oportunidad reciente señalé que el debate sobre la droga ha girado en torno a aspectos morales y conjeturas, y no sobre diagnósticos y políticas.
En el libro El narcotráfico en Colombia, que editamos hace 25 años con otros tres autores, recomendamos avanzar en investigaciones sobre las repercusiones económicas del narcotráfico, en particular la demanda, y las alternativas de política. No se hizo la tarea. La evidencia acumulada del efecto de la represión de oferta y el aumento de los precios sobre el consumo en los últimos 25 años no se ha traducido en un estudio estadístico de consenso. En el reciente libro de la Universidad de los Andes Política antidroga en Colombia no se discute en detalle.
La confusión en el plano político es mucho mayor. Los expresidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo sostienen que la política de prohibición fracasó; la elevación en el precio no afectó el consumo en Estados Unidos. En consecuencia, claman que la despenalización, e incluso la legalización, no tendrían mayor incidencia en la demanda.
En contraste, el embajador de Estados Unidos, en un reportaje a María Isabel Rueda, señaló que el consumo de narcóticos se redujo en los últimos 25 años a la mitad y el de cocaína en 37%. De allí concluye que la legalización aumentaría el consumo y lo llevaría a los lugares más recónditos.
Alguna de las dos partes se fundamenta en información falsa y mientras persista la discrepancia no se podrá llegar a ningún acuerdo. Los países consumidores justificarán la represión como una forma de contener el consumo y la adicción, y los consumidores la rechazarán por los efectos sobre la corrupción, el crimen y la violencia.
Los acuerdos y los consensos son más fáciles en términos de las políticas, en parte porque existen pocas alternativas. Muchas de las diferencias se superarían si se dispusiera de una evaluación objetiva del impacto de los altos precios del narcotráfico sobre el consumo en los últimos veinte años.
Si la política fue totalmente inefectiva, de lejos la legalización es la mejor opción, porque no aumentaría mayormente el consumo y, en su lugar, evitaría los daños personales de llevar a los jóvenes a las cárceles y reduciría los costos judiciales, penitenciarios y policiales. Ahora, si el precio de la droga tiene una influencia perceptible sobre la demanda, lo que se plantea es sustituir la política actual por otra que mantenga el efecto sobre el consumo y no genere las secuelas perversas.
El propósito se podría adelantar dentro de un acuerdo mundial para que los gobiernos adquieran algunas sustancias psicoactivas de los productores, como la marihuana y la cocaína, y las entreguen a los países consumidores para que las distribuyan de acuerdo con los criterios médicos, o de cualquier otro tipo. La otra solución es un impuesto a las ventas, como existe actualmente para los cigarrillos y el alcohol, pero su viabilidad se ve limitada por la enorme diferencia entre los precios y el costo requerida para tener un impacto significativo sobre el consumo.
El debate se ve dificultado y dispersado por la falta de una teoría sobre la demanda de la droga y de un diagnóstico claro de la dolencia. Mucho se avanzaría si se reconociera que el problema reside en que la represión de la oferta, para elevar el precio y reducir el consumo, genera un excedente que induce al crimen, la violencia y la corrupción.
Si existe un propósito común en el control del consumo de la droga y la eliminación del excedente corruptor, la solución es sustituir la represión de la oferta por la intervención del gobierno en la adquisición de la droga, y en su defecto, por un impuesto a las ventas.