Estados Unidos se vio obligado a cambiar el infortunado plan de rescate a los activos tóxicos por la adquisición de la propiedad bancaria y aceptar la socialización parcial de Wall Street.
En la última columna advertí que el plan del secretario del Tesoro, Paulson, (US$700 mil millones) para adquirir activos tóxico de los bancos no solucionaba la crisis y señalé que los recursos debían inyectarse para sustituir el capital perdido de los bancos y restituir el flujo de crédito.
Donde estamos. La crisis subprime se manifestó en pérdidas bancarias y la caída de la bolsa. La repuesta de la Resera Federal (FED) de bajar las tasas de interés y ampliar el crédito no resultó. Luego de un año, el flujo de crédito no se restableció, el capital bancario no se recuperó y la economía se encaminó a la recesión. Los bancos se vieron abocados a emitir acciones para subsanarla, lo que redujo la cotización en bolsa, trasladó la pérdida de capital a otras instituciones y precipitó la quiebra de los bancos.
En el desespero, Paulson presentó el plan de rescate para adquirir activos tóxicos. Luego de los altibajos en el Congreso, quedó al descubierto que la propuesta era similar a las anteriores y no resolvía el problema de capital, y constituyó un fiasco histórico. En la semana siguiente (5 al 10 de octubre) el Dow Jones cayó 18%.
Ante los fracasos de la FED, el gobierno británico apareció con la fórmula obvia. Luego de la evidencia de que el público no recibía liquidez, presentó una estrategia para adquirir el capital de los bancos y garantizar los depósitos y el crédito. De hecho, creaba condiciones para que los bancos tuvieran liquidez y el público mantuviera los depósitos. Por ensayo y error se llegó a la primera lección Keynesiana: cuando el mercado no moviliza el ahorro a la inversión, la economía se asfixia y el Estado se impone como la única forma de subsanar la deficiencia.
La medida, calificada de extremista, se impuso por la vía de los hechos. La mayoría de los europeos siguieron el mismo camino y E.U. se vio obligado a cambiar el infortunado el rescate a los activos tóxicos por la adquisición de la propiedad bancaria y aceptar la socialización parcial de Wall Street.
Aún no se dispone de una teoría consistente ni de un diagnóstico sólido. No se sabe cuánto se requiere para las intervenciones, los seguros y las garantías. Si los activos siguen bajando, los recursos podrían llegarse a duplicar o triplicar.
Lo más preocupante es que los líderes mundiales apuntan a recuperar el capital bancario, sin advertir que parte de la desvalorización de las acciones, los activos y la vivienda es un suceso consumado. La prioridad no es resarcir patrimonios sino sustituirlos. Si los fondos públicos no entran en masa al sistema financiero, no se podrán reconstruir los capitales que permitan reestablecer el crédito. No hay seguridad de que el público reciba préstamos para llevarlos a empresas y actividades que cada vez valen menos; no se descarta que la intervención se extienda al comercio y la industria para mantener el empleo y la productividad. Por último, no deja de haber dudas sobre los funcionarios extraídos del fundamentalismo de mercado para realizar la tarea.
El libro Economía y Globalización muestra cómo el exceso de ahorro ocasionado por la globalización y la desregulación configuraron una burbuja mundial, que no era sostenible. Su ruptura significó una desvalorización de los activos que derrumbó el mercado y obligó a una intervención del Estado, que no se sabe dónde termina. El salvavidas es insuficiente, los mecanismos institucionales no son ágiles y las necesidades de intervención tenderán a extenderse a otros sectores. A tiempo que se desacreditan las concepciones y las instituciones de libre mercado, predominantes en los últimos veinte años, se abren paso ideas que antes eran impensables y extremistas y, de seguro, ampliarán el papel del Estado.