En días pasados se cumplieron 25 años de la expedición de la Constitución de 1991, cuya adopción del estado social de derecho constituyó el avance social más importante del medio siglo. La población adquirió derechos en las normas judiciales y presupuestales. En virtud de la tutela, los individuos hicieron valer en forma directa los dictámenes de la carta. En la misma Constitución se establece que las transferencias regionales destinadas los derechos fundamentales de la salud y la educación aumentaran progresivamente hasta atender adecuadamente las necesidades.
Si bien el qué es incuestionable, el cómo adoleció de serias deficiencias. La norma de las transferencias regionales se sustituyó con otra que incrementa los gastos por debajo del producto nacional y no se extendió a otras necesidades, como los servicios públicos, la vivienda, el transporte y el trabajo. Por lo demás, la administración de los servicios básicos se dejó en manos de instituciones privadas con fines de lucro mediante subsidio a la demanda. De esta manera, las empresas prestadoras de servicio (EPS), las universidades y los fondos privados de pensiones (AFP) se quedan con gran parte de los recursos públicos. Lo cierto es que el 40 % más pobre recibe un porcentaje menor de gasto público.
En cualquier caso, las normas sociales mejoraron las condiciones de los estratos 1 y 2, bajaron la pobreza, redujeron la discriminación y ampliaron la participación democrática. Sin embargo, no evitaron el deterioro de la distribución del ingreso. En las últimas décadas bajó la participación del trabajo en el PIB y el coeficiente de Gini se ubicó entre los niveles más altos del mundo. Si bien parte de la explicación se encuentra en las deficiencias del cómo, la razón más importante es la falta de un diagnóstico sobre las causas de la distribución del ingreso y de los instrumentos para corregirlas.
La visión predominante de hace 25 años consideraba que las reformas de libre mercado en boga no afectarían la distribución del ingreso y las enormes diferencias de ingreso se corregirían con impuestos indirectos y ampliación del gasto en educación. La información recopilada en este período revela una realidad totalmente distinta. El comercio internacional, la tecnología, la especulación financiera y el crecimiento económico colocan el retorno del capital por encima del crecimiento y amplían la brecha salarial. Las políticas fiscales basadas en impuestos al consumo son muy poco efectivas en los países con grandes inequidades, como ocurre en América Latina. En general se observa que los sistemas tributarios progresivos al patrimonio y el ingreso reducen las desigualdades a tiempo que contraen el ahorro y el crecimiento económico. En contraposición a las viejas creencias, la organización económica y la distribución del ingreso están estrechamente relacionadas. La mejoría de la distribución del ingreso dentro de un marco de crecimiento requiere acciones directas para acortar las diferencias de ingresos y acciones indirectas para evitar las secuelas sobre la eficiencia.
Sin duda, el estado de derecho es un acierto que debe consolidarse y reforzarse perfeccionando las tutelas, extendiendo los derechos económicos a nuevas áreas y sustituyendo los subsidios a la demanda por subsidios a la oferta. Sin embargo, es necesario ir más lejos para revertir las tendencias inequitativas de la distribución del ingreso. Se requiere un marco constitucional que propicie una organización económica con capacidad de contener las fuerzas de la inequidad, un sistema fiscal altamente progresivo que realice grandes transferencias de los sectores más pudientes al 40 % más pobre y una regulación financiera que elimine el ahorro improductivo.