La campaña política ha entrado en todo su vigor. Las encuestas más recientes muestran a Juan Manuel Santos y Noemí Sanín adelante del resto de candidatos.
El orden es similar a las obtenidas por sus respectivos partidos en las elecciones parlamentarias; la excepción es Rafael Pardo. La gran pregunta es si estas tendencias se mantendrán y hasta dónde pueden modificarse con las estrategias de los participantes.
La respuesta surge del debate siguiente a las elecciones parlamentarias. En el sondeo de la revista Semana sobre el desempeño de los candidatos en el debate, las diferencias son mucho menores. Mientras en las encuestas de opinión la dispersión va de 4% a 35%, en el debate varía entre 8% y 25%. Al parecer, las encuestas afectan más la actitud de los electores que los debates.
Parte de la explicación está en el libreto. En muchos casos las preguntas son tan largas como las respuestas y corresponden a lugares comunes. Se asemejan a las pruebas de falso y verdadero del Icfes que buscan normalizar los resultados, es decir, reducir al mínimo las diferencias entre los participantes. Lo grave es que en este contexto los argumentos de los participantes contribuyen muy poco a modificar la opinión de los votantes.
No menos influyentes son la popularidad y el caudillismo del presidente Uribe. Los uribistas responden las preguntas anteponiendo la autoridad presidencial, señalando su satisfacción por la forma como el tema ha sido abordado por el Gobierno y notificando que continuarán haciendo lo mismo en sus administraciones. Por su parte, los candidatos de la oposición se limitan a dar respuestas puntuales sin entrar en abierta contradicción con Uribe y el Gobierno.
Si los candidatos quieren ganar puntos con sus intervenciones públicas, tienen que asumir riesgos adoptando posiciones más decididas y francas. Sus esfuerzos deben orientarse a precisar las diferencias con respecto a las gestiones del Gobierno, analizar las causas de los desaciertos y mostrar cómo se remedian. Tal vez, el área más propicia para adelantar esta tarea es la económica y social, donde los descalabros de las instituciones dominantes están a la vista.
El Emisor autónomo, que le concede prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo, opera como un freno a la producción y al empleo, impide el manejo anticíclico de la política fiscal, propicia la especulación financiera y se manifiesta en excesivos márgenes de intermediación.
La apertura comercial y la revaluación provocaron la pérdida de la cuarta parte del área agrícola, constituyen un estímulo infinito para sustituir mano de obra por importaciones de bienes intermedios y de capital y representan una seria limitación para un desarrollo industrial que le abra oportunidades de trabajo y aprendizaje a la fuerza laboral.
La política pública montada en la formalización laboral, que no pasó del deseo, en conjunto con la entrega de su administración al sector privado, dejó a la fuerza de trabajo desprovista de empleo formal, salud especializada, pensión mínima y acceso a la educación de calidad.
La incorporación de estos diagnósticos en los programas de los candidatos contribuiría a diferenciarlos y tomar distancia de Uribe. Les permitiría mostrar cómo recuperarían la economía, cómo restaurarían la agricultura y desarrollarían la industria, cómo enfrentarían la revaluación y el colapso exportador mundial, cómo reducirían el desempleo y la informalidad, y cómo construirían un sistema social que asegure la universalización de la educación y la salud y proteja el ingreso, la vivienda y la vejez de los trabajadores.
De hecho, los electores contarían con la información para escoger al candidato por su capacidad de ofrecer la mejor organización para el bienestar común y, sobre todo, de precisar los medios para convertirla en realizaciones.