Los rituales para la fijación del salario mínimo están en marcha. En los primeros aprontes los sindicatos y los gremios han fijado sus posiciones de ajustes. Como de costumbre, las diferencias son amplias y auguran un proceso de difícil negociación y, sobre todo, de consenso. El tema, que tradicionalmente se ha tratado como un aspecto laboral aislado, está estrechamente relacionado con el sistema económico. La principal limitación para ajustar el salario mínimo son las deficiencias del modelo económico que deprimen el salario por debajo de la productividad del trabajo.
Durante 10 años señalé insistentemente en esta columna que el ajuste del salario mínimo se realizaba como un procedimiento que subestimaba la productividad del trabajo. El error, que fue propiciado por los cálculos de la ANIF y de los organismos oficiales, hasta ahora se reconoce en las deliberaciones del consejo laboral y en las publicaciones de la OIT. Lo cierto es que se acepta que el salario mínimo está retrasado en 13 puntos con respecto a la productividad.
Lo grave es que los ajustes del salario mínimo fueron reforzados con la política macroeconómica, que mantiene un exceso de ahorro y la comercial, que degrada el salario por debajo de la productividad. Así, el retraso del salario mínimo se trasladó al salario promedio de la economía que ha venido ajustándose un punto por debajo de la productividad. En el fondo, se trata de un manejo deliberado para bajar el ajuste salarial y reducir participación de los ingresos del trabajo en el producto nacional.
Sobre estas bases es posible avanzar en la aritmética. Si el ajuste por productividad es 2 % y la meta de inflación de 3 %, el menor incremento sería de 5 %. Si a esto se agrega el retraso del salario, se dispone de un amplio margen para justificar ajustes de 6 y 7 %. Sin embargo, el ajuste del salario mínimo por encima del salario promedio generaría presiones de desempleo e informalidad, y no sería sostenible. Las empresas preferirían a los trabajadores con salarios superiores al mínimo.
El lento ajuste del salario obedece a la política monetaria de tasas de interés y a la desprotección arancelaria. La economía opera con un exceso de ahorro que impide la igualdad entre el salario y la productividad. Por su parte, el desmonte arancelario y la estructura de baja productividad de la canasta exportadora deprimen los salarios y amplían la brecha con los países desarrollados. En conjunto, se configura la bien conocida deficiencia de demanda efectiva en que las fallas del sistema económico se manifiestan en el mercado laboral.
El mercado laboral tiene condiciones para absorber un incremento importante del salario mínimo. El ajuste por inflación y por actividad productiva permite un aumento de 5 %, y el ajuste por retraso suministra un amplio margen para incrementarlo en dos puntos más. El obstáculo está en la economía, que no tiene capacidad de sostener el salario con respecto a la productividad. Como se vio en la Ley de Financiamiento, los estímulos para reactivar la producción y el empleo, impulsar el crecimiento y mantener el balance giran en torno a deprimir el salario.
En fin, el país opera con una estructura de bajos ingresos del trabajo que no se puede rectificar con disposiciones administrativas. Lo que se plantea es un nuevo marco institucional que eleve el ahorro, mantenga una estricta coordinación entre la política fiscal y monetaria, y modifique con una política industrial audaz la estructura sectorial y comercial.