UNA SEMANA ANTES DE CONOCERse quién será el próximo Presidente de Colombia, el país recibió la excelente noticia de la liberación por parte de las Fuerzas Armadas de cuatro militares y policías secuestrados hace más de diez años por las Farc.
En medio de la alegría por el retorno a la libertad de estos ciudadanos, es imposible no pensar que nuevamente un hecho violento, sin duda uno de los más atroces como es el secuestro, marca unas elecciones presidenciales.
A pesar de ser una de las democracias más antiguas de América Latina, en Colombia persisten muchos factores y diversos actores que no permiten hablar de una democracia plena. La violencia es uno de ellos, quizás uno de los más perturbadores, pero no es el único.
Otro obstáculo es el predominio de las maquinarias y prácticas clientelistas en el quehacer político del país y sus efectos sobre la calidad de la participación política. Independientemente de los errores cometidos por la campaña del Partido Verde, los resultados de la primera vuelta presidencial mostraron que la posibilidad de que se estuviera gestando un ejercicio de la política menos amarrado a estos comportamientos era una mera expectativa que aún está lejos de cumplirse. De otra parte, si bien millares de ciudadanos se sintieron atraídos por la posibilidad de utilizar los nuevos medios y las redes sociales como Facebook y Twitter para opinar, esto no se tradujo en el ejercicio de una ciudadanía crítica y participativa. Primaron los electores receptores de beneficios y de subsidios atraídos por las dádivas del gobierno o motivados por el temor de perderlas.
Los efectos de la corrupción sobre la sociedad y la institucionalidad también afectan la efectividad y legitimidad de las instituciones. Las prácticas corruptas impiden lograr los objetivos de bienestar y equidad para la sociedad; reducen y ponen en manos de unos pocos los recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el proceso de decisiones a favor de intereses particulares; contaminan el ambiente en el que opera el sector privado; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad y deterioran la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana, entre otros efectos (Los 9 desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia. Preparado por Transparencia por Colombia con el apoyo de la MOE y Foro por Colombia).
Por último, el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público y, en particular, las amenazas a la Rama Judicial por parte de diferentes estamentos del Estado, pero también desde la criminalidad, constituyen obstáculos evidentes para el fortalecimiento de la democracia colombiana.
Hace ocho años, en su Manifiesto de 100 puntos, el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez expresaba: “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social”. Aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar este sueño. Este es un momento propicio para reflexionar sobre las fisuras de nuestra democracia, sobre los obstáculos para ejercerla plenamente y para proponer acciones colectivas para alcanzarla.