Cuando se escucha hablar de alerta naranja se piensa en las medidas de prevención y preparación para la atención de desastres naturales.
En esta ocasión la utilizo para referirme a lo que puede suceder si el país baja la guardia frente a la posibilidad de que se frenen los avances que se han logrado en los últimos años en la dirección de buscar una mayor transparencia en los reportes de ingresos y gastos de las campañas electorales y, en general, en la financiación de la política.
Por ejemplo, es importante continuar trabajando conjuntamente con los partidos políticos y las autoridades electorales para mejorar los sistemas de rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de las campañas, para identificar las debilidades tecnológicas y logísticas existentes, para conocer oportunamente las transgresiones a las normas que existen sobre la materia y para denunciar y sancionar efectivamente tanto a los aspirantes a ser elegidos como a los financiadores que las violen.
No hay ninguna justificación para dar marcha atrás en los esfuerzos que desde la sociedad civil y el mismo Estado se han realizado, por ejemplo con el aplicativo Cuentas Claras**, para tratar de hacer más transparente la financiación de las campañas. Candidatos, partidos y órganos electorales han reconocido su utilidad, y diversos medios de comunicación nacionales y regionales, organizaciones sociales y ciudadanos han utilizado la información de este portal para informarse y para denunciar los abusos y la violación de las leyes en esta materia. Por ejemplo, que en las últimas elecciones para Senado ningún partido político reportó gastos que llegaran siguiera al 25% de los topes que establece la ley, mientras es vox pópuli que muchas campañas superaron de lejos esos límites. O, como lo denunció oportunamente RCN, que un candidato de Cambio Radical que apenas obtuvo algo más que 1.320 votos reportó aportes por $728 millones de una sola empresa, la cual aparentemente no existe. O que cerca del 50% de los ingresos reportados por los candidatos proviene de recursos o créditos privados o del propio candidato y son de difícil rastreo. O que entre los mayores financiadores se encuentran grandes conglomerados de medios de comunicación, que a su vez reciben la mayoría de las pautas publicitarias.
Pero aún falta un largo camino por recorrer y es precisamente por esto que no se puede bajar la guardia. Esto afectaría la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la autoridad electoral, lo cual es particularmente grave cuando falta menos de un año para las elecciones territoriales, en las que históricamente los riesgos electorales asociados a los abusos y la violación de las normas relacionadas con la financiación de campañas se incrementan y se convierten en serias amenazas para el libre ejercicio del voto y para prevenir el ingreso de recursos provenientes de actividades ilegales a las campañas.