EL PRÓXIMO 20 DE JULIO INICIA SEsiones un nuevo Congreso de la República, el cual tendrá retos inmensos.
Además de las labores que le son propias, tendrá que trabajar por recuperar su debilitada credibilidad y legitimidad. Durante los últimos ocho años, éstas se vieron seriamente afectadas por diversos hechos que sin duda convirtieron al Congreso en una de las instituciones políticas más desprestigiadas. Cerca de ochenta congresistas y ex congresistas investigados —¡casi una tercera parte!— por sus vínculos con la parapolítica, algunos de ellos incluso acusados de crímenes de lesa humanidad, de los cuales ya hay más condenados que en el Proceso 8.000; partidos políticos que se esfumaron porque la mayoría de sus miembros terminaron en la cárcel; escándalos como el de la yidispolítica, resultado de las presiones indebidas ejercidas por funcionarios del gobierno para garantizar la aprobación de la primera reelección del presidente Uribe, son sin duda los más visibles pero no los únicos.
Por lo anterior no sorprende que la confianza de los colombianos en el Congreso sea muy baja, apenas por encima del Concejo, los sindicatos y los partidos políticos. Si bien esto no es nuevo, ni exclusivo de Colombia, sí hay un descenso “ligero pero significativo” en relación con años anteriores. A esto se suma el hecho de que cerca de un tercio de los colombianos cree que “en ciertas circunstancias el Presidente podría cerrar el Congreso” (La Cultura Política de la Democracia en Colombia, Barómetro de las Américas, Lapop, 2009)
Si bien aún no se conoce la composición definitiva del nuevo Congreso, lo cual amerita un serio debate y el estudio de reformas al sistema electoral para evitar que esta situación se repita, varias cosas son claras. En primer lugar, el nuevo gobierno tendrá absolutas mayorías en el Legislativo. Sin duda esto constituye una excelente oportunidad para sacar adelante su agenda, pero también un gran desafío: respetar y fortalecer la independencia y el equilibrio entre las ramas del poder público, dos condiciones esenciales al ejercicio democrático, seriamente menguadas en los últimos ocho años. Esto va de la mano del respeto a la oposición, que si bien numéricamente está debilitada, tiene la responsabilidad y el derecho de ejercer control político en un marco de garantías. En segundo lugar, si bien disminuyó el número de congresistas electos con presuntos vínculos con grupos ilegales, aún persisten serias dudas sobre un buen número de ellos. El presidente Santos y su gobierno deben, desde el primer día, enviarle al país un mensaje claro y contundente en el sentido de que no van a hacer alianzas con estos sectores, así sus votos sean determinantes para aprobar sus proyectos. De lo contrario, el fantasma de la ilegalidad seguirá presente, afectando la legitimidad del Legislativo.
Ojalá la celebración del Bicentenario sea un aliciente para renovar y fortalecer el Congreso, y por esta vía, recuperar su independencia.