FALTAN SÓLO DOS SEMANAS PARA que terminen las sesiones del Congreso de la República y el balance no puede ser más desalentador.
El período legislativo que comenzó el pasado 20 de julio estuvo marcado por varios escándalos: los préstamos de dudosa procedencia al Presidente del Senado, la captura de nuevos congresistas por su presunta vinculación con la parapolítica, las acusaciones a miembros de la coalición de Gobierno —el que hace seis años prometió acabar con la corrupción y la politiquería— porque supuestamente estaban exigiendo prebendas burocráticas a cambio de aprobar los proyectos de iniciativa gubernamental, y los crecientes rumores sobre el intercambio de favores entre algunos parlamentarios y los promotores de actividades económicas ilícitas promovidas por el señor Murcia y otros, son sólo algunos de ellos.
A esto se suma un trabajo legislativo muy pobre —quizá con excepción de los debates de control político promovidos por congresistas del Partido Liberal y el Polo— pero que además en muchos casos significó un claro retroceso político frente a temas tan críticos como la atención a las miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia y la injerencia de actores armados ilegales en los partidos políticos y en diferentes instancias del Estado. En el primer caso, exceptuando al Gobierno y sus congresistas, la mayoría de analistas y expertos en el tema, así como representantes de organismos nacionales e internacionales especializados, han coincidido en que la ley de víctimas, tal como fue aprobada en el tercer debate, deja grandes vacíos y desconoce principios universalmente aceptados con relación a la protección, reconocimiento y reparación de este tipo de víctimas se refiere. En cuanto a la reforma política, que está pendiente de su cuarto debate, también hay una involución con respecto a lo que se había aprobado en el proyecto que con el mismo propósito había presentado el Gobierno en la anterior legislatura. Por ejemplo, en la propuesta que está en discusión, el tema de las sanciones a los partidos políticos con miembros vinculados con grupos ilegales y del narcotráfico es ambiguo; además, en el caso de los congresistas, se circunscribe a quienes hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada y no a quienes hubieran sido llamados a indagatoria, como se planteó con la “silla vacía”; de otra parte, se plantea que las sanciones serán reglamentadas por la ley en un período de seis meses a partir de la aprobación del acto legislativo, lo que implica que no aplicarían para los congresistas elegidos en el 2006 ni para sus partidos. Y como si esto fuera poco, quienes en el pasado se declararon impedidos para votar la reforma, en esta ocasión no lo han hecho, a pesar de que las circunstancias son idénticas.
Tanto en los escándalos, como en el trámite de los proyectos mencionados, los principales protagonistas han sido miembros de la bancada mayoritaria, afín al Gobierno. Y esto sin duda afecta la legitimidad de su agenda legislativa y la gobernabilidad. A pesar de actuar como una aplanadora cuando de aprobar proyectos se trata, contrario a lo que podría pensarse estas mayorías son frágiles. No están constituidas por verdaderos partidos, con liderazgos y proyectos políticos definidos, sino por sectores que parecen más interesados en satisfacer sus intereses burocráticos y los de sus amigos. Además, su supervivencia parece estar más ligada a la popularidad del Presidente, y por ende a su hoy incierta segunda reelección, que a sus propios logros y propuestas.
* Directora Congreso Visible, Universidad de los Andes.