Diez y ocho meses después de haber sido aprobado por el Congreso de la República el Proyecto de Ley Estatutaria “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”, la Corte Constitucional hizo pública hace unos días la Sentencia C-274/13, mediante la cual se declara exequible la mencionada ley.
Seguramente muchos se van a sorprender por sus alcances, entre muchas otras razones por la inclusión de sujetos obligados que tradicionalmente se consideraban a sí mismos exentos de entregar información pública, sino por la expresa limitación de las excepciones para hacerlo.
Pero sobre todo porque la ley constituye un gran avance en materia de acceso a la información pública y a la transparencia, y por esta vía al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Pero sobre todo, se trata del reconocimiento y de la confirmación de un derecho fundamental de los ciudadanos, y por lo tanto de la obligación que tiene el Estado de garantizarlo. Como se lee en la sentencia “el acceso a la información pública garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos (…). Este derecho entonces constituye una garantía que materializa el principio de democracia participativa sobre el cual se estructura el Estado colombiano, que a su turno fortalece el ejercicio de la ciudadanía (…). En segundo lugar, el acceso a la información pública cumple una función instrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales, ya que permite conocer las condiciones necesarias para su realización. (…)Igualmente, en lo relativo al derecho a la información, esta Corporación resaltó que “el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado (…). Esa relación instrumental del derecho a acceder a la información pública también existe para alcanzar fines constitucionalmente legítimos, como lo son asegurar que las autoridades y agencias estatales expliquen públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado a poder que han delegado en ellos los ciudadanos, así como el destino que le dado a los recursos públicos (…). Finalmente, el derecho a acceder a la información pública garantiza la transparencia de la gestión pública, y por lo tanto, se constituye en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal”.
El camino recorrido hasta ahora por las organizaciones que promovieron la ley, por los congresistas y el gobierno que la apoyaron ha sido largo, pero sin duda valió la pena. Y el que falta por recorrer para que sus alcances sean realmente comprendidos y aplicados, será más largo aún. Sin embargo, hoy Colombia cuenta con una ley que abrirá muchas puertas para fortalecer el ejercicio de una ciudadanía activa que exige sus derechos y una función pública que los garantiza.