A medida que se acercan las elecciones de octubre aumentan las similitudes con lo que sucedió hace algo más de una década, cuando se prendieron las alarmas por los antecedentes y las vinculaciones de políticos y candidatos con actividades ilegales, con grupos paramilitares y criminales, así como con personas con investigaciones o condenadas por participar, cohonestar o financiar estas acciones.
En ese entonces, a pesar de las denuncias y los llamados de atención por parte de líderes locales y nacionales, ciudadanos, medios de comunicación y organizaciones sociales, muchos de ellos fueron elegidos a alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales, gobernaciones e incluso al Congreso de la República, instituciones que ellos capturaron en beneficio de sus propios intereses y los de sus aliados, y construyeron y fortalecieron pactos para extender su poder político y capacidad de incidencia a otras regiones y entidades del Estado.
Hoy estamos viendo cómo se están configurando escenarios que demuestran que no aprendimos la lección y que delante de nuestros ojos, de las autoridades e incluso de los directivos de partidos y de movimientos políticos se está repitiendo la historia en muchas regiones y municipios del país. Bajo la lógica de que lo que importa es ganar las elecciones, muchas veces sin importar a qué precio, se están entregando avales y apoyando candidaturas a aspirantes seriamente cuestionados. Incluso, con el argumento de que se debe actuar con pragmatismo y que el realismo político no puede ceder frente a otras consideraciones éticas o morales, algunos directores de organizaciones partidistas han optado por vetar solamente a los candidatos más visiblemente involucrados con la ilegalidad, mientras muchos otros “pasan de agache” y siguen en campaña sin mayores problemas. Ellos sí aprendieron la lección y saben cómo ganar elecciones.
Las denuncias y las medidas que se han adoptado parecen ser insuficientes para hacerles frente a las acciones emprendidas por estos individuos y organizaciones ilegales o criminales, una de las cuales es la fundación o el apoyo a partidos o “movimientos significativos de ciudadanos”, que les permiten ampararse en una figura legal para hacerse al control de las instituciones, bien sea directamente o a través de los funcionarios que ayudaron a elegir. Como dice Luis Jorge Garay en una entrevista concedida al portal guatemalteco Plaza Pública, “Hay diferentes etapas de la corrupción sistémica. Un estadio es la captura del Estado, cuando estas organizaciones criminales, desde fuera del Estado, a través de métodos como el soborno, la coerción o el ejercicio de la violencia, cooptan y filtran el Estado. Una etapa más avanzada, sofisticada y compleja, es cuando esa criminalidad logra instalarse dentro del Estado, coopta el Estado desde adentro; y la otra es cómo, desde adentro del Estado, en doble vía, la institucionalidad se relaciona con la criminalidad, con propósitos de transformar ese Estado para beneficio de las estructuras criminales. Esa ya es otra etapa de reconfiguración cooptada del Estado”. O como lo plantearon hace algo más de una década algunos políticos y paramilitares, una etapa para refundar la patria
* Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia