LA LENTITUD PARA RESPONDER oportunamente a graves problemas del país parece haberse apoderado del Congreso de la República y del Gobierno Nacional.
En las últimas semanas la actividad legislativa ha estado prácticamente paralizada, y proyectos como la Reforma Política o la ley de víctimas han tenido que afrontar varios obstáculos para no hundirse en medio del ausentismo parlamentario, la indisciplina de los partidos y las presiones del Gobierno para tratar de imponer sus posiciones. Estas demoras no sólo aplazan decisiones tan apremiantes como la oportuna atención de las miles de víctimas de actores armados o las sanciones a los partidos políticos que permitan o no impidan la participación de personas implicadas con grupos ilegales en sus listas. Mientras el proyecto de referendo para permitirle al Primer Mandatario aspirar a un nuevo período en 2010 está copando la agenda del Congreso y la atención de sus miembros, el presidente Álvaro Uribe se limita a dar a entender que tal vez sí, tal vez no, que lo más probable es que quién sabe.
Esta lentitud para enfrentar hechos conocidos desde meses atrás también ha afectado al Gobierno. Así sucedió con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones, o falsos positivos como comúnmente se les conoce, pero también con las llamadas pirámides. A pesar de las múltiples advertencias por parte de varios medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil, de autoridades municipales y de ciudadanos del común, sólo se adoptaron medidas correctivas cuando el número de víctimas ya se contaban por miles, y después de que los responsables de tomar decisiones se enfrascaron en mutuas acusaciones, pero sin tomar determinaciones.
Además de las implicaciones de estas actuaciones, o de las omisiones, éstas reflejan otros problemas de fondo. Pensar que la democracia se evalúa por las encuestas, que la Constitución puede modificarse al vaivén de las necesidades de la coyuntura, que quienes critican al Gobierno o denuncian actuaciones irregulares son enemigos de la institucionalidad y mandaderos del terrorismo, son sólo algunos de los síntomas de una gobernabilidad debilitada. La Constitución de una nación debe ser garantía de estabilidad y no una fuente de incertidumbre. Y las medidas de conmoción y de emergencia que ésta prevé son, como su nombre lo indica, determinaciones para enfrentar situaciones excepcionales, y no están diseñadas para suplir la ineficacia de los servidores públicos. Y mucho menos para restringir libertades públicas.
Recordemos que uno de los objetivos de la Constitución de 1991 fue revertir la tendencia que primaba en el país desde el Frente Nacional de convertir lo excepcional en ordinario, corriente y permanente. Y evitar que al amparo del estado de conmoción o la emergencia social y económica, se cometan abusos de poder. En este sentido no puede pasar inadvertido el hecho de que el Gobierno haya acudido dos veces a este tipo de medidas en menos de un mes.
En los próximos meses, el Congreso de la República y la Corte Constitucional tendrán que ejercer los controles que para estos casos prevé la Constitución. Y, sobre todo, poner a prueba su independencia, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y el equilibrio entre las Ramas del Poder Público.
* Directora Congreso Visible.