LOS HECHOS QUE LLEVARON A LA formulación de cargos y a la detención del exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Gustavo Moreno, además de ser una inverosímil paradoja, constituyen uno de los mayores golpes contra la credibilidad de la justicia en Colombia y en particular contra los esfuerzos que se vienen haciendo para combatir la corrupción. Si bien la desconfianza en la justicia no es un fenómeno reciente, sí se ha venido agudizando en los últimos años como resultado de escándalos que han afectado a algunos miembros de las cortes y de los órganos de fiscalización y control y a actuaciones que han sido cuestionadas por su falta de transparencia o por ser vistos como favorecimientos indebidos.
Si en el ámbito de la política el clientelismo es considerado como una de las mayores fuentes de corrupción de los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal, en el sector justicia el clientelismo judicial puede resultar aun más perverso, como lo han evidenciado hechos recientes. Además de poner en duda la legitimidad de las actuaciones de jueces y magistrados, genera dudas y cuestionamientos sobre la transparencia e imparcialidad de las actuaciones que personas como Moreno, en el ejercicio de su profesión como abogados, lideraron en el pasado y a preguntarse si estos estuvieron fundamentados en razonamientos jurídicos o en conveniencias e intereses políticos y partidistas.
Como en la política, el clientelismo judicial se manifiesta, entre otras formas, en un intercambio de favores y nombramientos de personas que pueden resultar útiles al momento de tomar o dejar de tomar determinadas decisiones, o para favorecer su propia elección. ¿Acaso no fue esto lo que motivó la decisión del Consejo de Estado de anular la reelección del exprocurador Alejandro Ordóñez? Es, en pocas palabras, una forma de ejercer una influencia indebida y de abusar del poder para beneficio propio o de terceros por parte de quienes se supone tienen la autoridad moral que les confiere ser jueces o el hecho de ocupar un cargo misional y de alta responsabilidad frente a la sociedad.
Todo esto debe ser un llamado de atención para que se le de curso a una reforma a la justicia que aborde los principales problemas que han llevado a la situación que se está viviendo hoy. Uno de ellos es el sistema y los procesos de nominación, elección y nombramiento de los integrantes de tribunales y de las cortes, así como de quienes van a ocupar los cargos de alta dirección y de mayor responsabilidad al interior de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Otro tiene que ver con las funciones electorales de las Cortes y otro más con la falta de transparencia, visibilidad y rendición de cuentas de las actuaciones de algunos de los miembros de estas instituciones, que con frecuencia se muestran muy refractarios frente a la posibilidad de que se examine y vigile su accionar y de que se hagan reformas estructurales para superar los problemas que las aquejan. En particular es prioritario blindar a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que esta cuente con la confianza de los ciudadanos. Es un objetivo que no da espera.