EN DICIEMBRE DE 2007 EN EL CONgreso de la República se hundió en el séptimo debate el proyecto de Reforma Política que había presentado el Gobierno y que tenía dos objetivos principales: por un lado, fortalecer y democratizar los partidos políticos.
Y por el otro, definir un marco sancionatorio para los partidos, movimientos políticos y candidatos que resultaran implicados en delitos relacionados con el narcotráfico y con actores armados ilegales. Con el primero, se buscaba profundizar los alcances de la Reforma Política de 2003 y de la Ley de Bancadas. Y con el segundo, traducir en hechos concretos la intención de combatir la injerencia de actores ilegales en la política. Posteriormente, en julio de 2008 el Gobierno volvió a presentar un proyecto que tenía propósitos similares y que alcanzó a cursar cuatro de sus ocho debates reglamentarios, quedando pendientes los correspondientes a la segunda vuelta.
En ambos casos los dos temas que generaron las mayores controversias fueron la llamada “silla vacía” y el umbral, por ser considerados los puntales para alcanzar los objetivos centrales de la reforma política. Sin embargo, en las últimas semanas nadie se ha vuelto a ocupar de ellos, como si los fenómenos que los motivaron hubieran desaparecido. Es decir, como si la injerencia de actores ilegales en la política fuera simplemente un fantasma del pasado y como si el paramilitarismo y la guerrilla estuvieran derrotados. Ni lo uno ni lo otro ha sucedido, entre otras razones porque la lucha contra el narcotráfico, que nutre los dos fenómenos, no parece estar rindiendo los frutos que con tanto bombo se han anunciado.
El debate sobre la urgencia de adoptar sanciones para impedir que en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2010 se repitan los hechos sucedidos en 2002 y 2006, que han desembocado en investigaciones contra setenta y tres congresistas, ha pasado a un segundo plano. Por esto no sería extraño que las discusiones sobre la reforma política que debe retomar el Congreso en marzo se circunscriban a la mecánica electoral, que tienen cooptada la agenda política.
En este orden de ideas, no sería de extrañar que la reglamentación de las consultas interpartidistas se convierta en el principal tema de debate, logrando con ello que los ejes nodales de la Reforma Política pasen a un segundo plano y que poco o nada se logre en términos de definir un marco sancionatorio y de responsabilidades políticas para los partidos, movimientos políticos y candidatos que resulten implicados en actos ilegales. Si durante los próximos meses los congresistas no se ocupan de la penetración de las mafias y de actores armados en la política, y adoptan medidas para impedirla y castigarla, se habrá perdido la posibilidad de avanzar en el proceso de blindar la política de la influencia de la ilegalidad. La responsabilidad de evitar que esto suceda recae sobre todos los partidos políticos, pero en especial sobre los de la coalición gubernamental, que son la mayoría. Y por ende, sobre el Gobierno que, como ha sucedido en el pasado, puede influir sobre estos congresistas para que aprueben los proyectos de su interés.
Esperemos que al terminar el próximo período legislativo, al hablar de la reforma política no tengamos que decir “aquí no ha pasado nada”.