Nuevamente quedó ad portas del fracaso un proyecto de reforma política que buscaba democratizar el sistema político, alcanzar más transparencia en los procesos electorales, mayor independencia, eficacia y eficiencia de la organización electoral —en particular del Consejo Nacional Electoral—, y garantizar la equidad en la participación de las mujeres con listas paritarias y alternancia.
La no aprobación de las listas cerradas, y con esto la paridad, deja con muy pocos dientes a la reforma y limita sus alcances. Como en el pasado, las mayorías del Congreso, en esta ocasión del Senado, votaron en contra de estas propuestas, a pesar de venir avaladas por el Gobierno.
Lo sucedido en la sesión nocturna del pasado domingo es una nueva demostración de que muchos de los senadores y representantes son reacios a autorreformarse y a cambiar las reglas del juego y las costumbres políticas que los benefician y que les permiten perpetuarse y repartirse el poder. Por ejemplo, no aceptar la paridad es una forma de cerrarle el paso a la posibilidad de que las mujeres ocupen la mitad de las curules en los cuerpos colegiados.
Pero lo anterior también ejemplifica los problemas de gobernabilidad que está enfrentando el Gobierno. Algunas personas dicen que esto se debe a la decisión del presidente Duque de gobernar sin mermelada y de no transar sus propuestas por favores y clientelismo, prácticas que por supuesto hay que combatir. Esta determinación es muy loable, y muchos colombianos la aplaudimos.
También se ha dicho que el Gobierno respeta la independencia y los fueros de los poderes públicos y que por esta razón no interfiere en las decisiones de los congresistas y de los jueces. Mal haría el primer mandatario en hacerlo, porque la separación de poderes es un principio fundamental de las democracias.
Sin embargo, nada de esto impide que el presidente, sus ministros y los funcionarios del Gobierno convoquen y dialoguen con los partidos políticos y con otros actores sociales, políticos y económicos para encontrar consensos y construir propósitos comunes. En el sector privado, los presidentes y los gerentes de las empresas toman decisiones y hay poco espacio para discutirlas. Pero quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de gestionar los bienes y recursos públicos deben responderles a quienes los han elegido y a quienes representan. El error no es buscar acuerdos, siempre y cuando estos se hagan por encima de la mesa, con transparencia y privilegiando el beneficio general sobre los intereses particulares. El error es pensar que se puede gobernar por fuera de la política y contra los políticos. Esto es una falacia que no hace sino alimentar el desprestigio y la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.
Estos sentimientos, aunados a la baja favorabilidad que muestran todas la encuestas, no se explican porque “la oposición todo lo critica”, como afirmó recientemente la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en una entrevista radial. Se deben a la falta de rumbo y de liderazgo.