El Plan Nacional de Desarrollo es la carta de navegación de los gobiernos. Este define las prioridades, las metas, las acciones y la ruta a seguir para alcanzar los objetivos que se busca alcanzar durante el cuatrienio. Su estudio y aprobación por parte del Congreso es una de sus mayores responsabilidades y por ello el Plan debería ser objeto de análisis concienzudos que permitan diseñar una hoja de ruta que permita crear consensos y que recoja de manera equilibrada una visión del proyecto de país que se quiere alcanzar.
En este proceso es muy importante preservar los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Congreso, tal como lo establece nuestra Constitución. Entre otras razones porque en el Legislativo tienen representación los principales partidos y fuerzas políticas del país, tanto los mayoritarios como las minorías. Es decir, los intereses y necesidades de sectores sociales y políticos muy diversos. Sin embargo, en la práctica lo que ha venido ocurriendo con frecuencia en Colombia en el proceso de aprobación de los planes de desarrollo, como en el de muchos otros proyectos, es que los acuerdos se construyen entre el presidente o algún emisario, llámese secretario general de Presidencia, ministro, consejero o jefe político, y los congresistas.
Esta práctica ha recibido diferentes nombres. Algunos con un tinte de apariencia más técnica, como los cupos indicativos; otros más explícitos, como los auxilios parlamentarios, y otros más folclóricos, como el de “mermelada”. Uno de los ejemplos más sonados fue el de la llamada “Yidispolítica”, cuando a la entonces representante Yidis Medina funcionarios del Gobierno Nacional presuntamente le ofrecieron dádivas a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que aprobó la reelección presidencial, permitiendo que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fuera reelegido.
El caso más reciente es el que protagonizaron los senadores Luis Eduardo Díaz Granados y Arturo Char, de Cambio Radical, y Mauricio Gómez del Partido Liberal. Estos congresistas, contrariando las decisiones adoptadas por sus respectivas bancadas, en el primer debate votaron favorablemente la ponencia del Gobierno sobre el Plan de Desarrollo, Incluso uno de ellos, sin haber leído el texto, como lo reconoció públicamente. Se ha dicho que el apoyo se dio en contraprestación a que el Plan contempla medidas para salvar Electricaribe, una empresa de la costa Caribe que atraviesa una grave situación financiera, entre otras razones, por manejos irregulares que están siendo investigados por la justicia. En otras palabras, se aprobó un texto de más de 200 artículos, muchos de ellos introducidos en el proyecto presentado pocos días antes, gracias a un articulito.
Estas prácticas no son nuevas, pero no por ello deben pasarse por alto. Ente otras razones porque ponen en entredicho la independencia que debe existir entre el Congreso y el Ejecutivo. Además reflejan la debilidad de los partidos políticos, que frecuentemente hacen prevalecer intereses particulares y de corto plazo sobre el interés general. Por eso no es de extrañar que los ciudadanos desconfíen de los partidos y de los políticos y que busquen formas de expresión y acción política por fuera de los cauces institucionales.