AUN A RIESGO DE CAER EN REPETIciones, es importante insistir en que los desafíos que deberá enfrentar el Congreso de la República en los próximos meses son muy grandes.
En primer lugar, tiene la responsabilidad de estudiar proyectos de gran complejidad y trascendencia que pueden afectar los propios cimientos de nuestra democracia y los principios fundantes de la Constitución de 1991. Ni la reforma política ni la reforma a la justicia que va a presentar el Gobierno son simples propuestas de diseño institucional. Éstas van a poner a prueba aspectos tan centrales como el equilibrio de poderes y la independencia entre las ramas del poder público.
El Congreso también debe aprobar medidas para que los partidos y movimientos políticos, sus directivos y sus miembros asuman responsabilidades políticas por la vinculación de sus miembros con grupos armados ilegales y para blindar al sistema de su injerencia indebida en los procesos electorales, en los cuerpos colegiados y en la administración pública. Y para que se comprometan con el fortalecimiento y la democratización de las estructuras partidarias y del propio Congreso, y con los procesos de institucionalización iniciados con la reforma política de 2003 y con la Ley de Bancadas.
Como si esto no fuera suficiente, en los meses por venir los congresistas tienen la inmensa responsabilidad de elegir no solamente a seis magistrados de la Corte Constitucional, sino al Defensor del Pueblo y al Procurador General de la Nación. Es decir, a la mayoría de los miembros de la máxima instancia constitucional del Estado, al representante por excelencia de los órganos de control y a la persona encargada de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, la intermediación entre el Estado y la sociedad y la limitación del poder de las autoridades políticas.
Todo esto debe hacerlo en medio de una de las más profundas crisis de legitimidad y credibilidad del Congreso y de los partidos políticos, lo que hace prever que el Legislativo va a estar sometido a fuertes presiones provenientes de diferentes sectores que van a intentar quebrar su independencia. No es difícil imaginar el interés del Gobierno en lograr la mayor afinidad posible de los funcionarios y magistrados a ser elegidos con su proyecto político e ideológico, y de esta manera garantizar su continuidad, aún más allá del actual período presidencial. O la solidaridad de cuerpo que van a demostrar muchos congresistas cuando las medidas aprobadas pongan en riesgo su propia supervivencia política o cuando deban declararse impedidos para votar determinados proyectos. O las actuaciones del Ejecutivo para impedir que sus mayorías se vean afectadas y se ponga en peligro su agenda legislativa.
Para evitar estos riesgos, los debates y los procesos electorales que van a tener lugar en el Congreso de la República en los próximos meses deben hacerse de manera pública y transparente, garantizando el respeto a los derechos de la oposición, de las minorías y de los ciudadanos a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Esta responsabilidad le compete en primera instancia al Legislativo, que por supuesto incluye tanto a los partidos de Gobierno como a los de oposición, pero también al Gobierno. Y le concierne a la ciudadanía, que debe estar vigilante sobre lo que ocurre en el Congreso para que mañana pueda exigirles rendición de cuentas a los elegidos. No sea que tengamos que encontrar una jaula para guardar otro elefante.
*Directora Congreso Visible