A LAS POCAS HORAS DE QUE SUS PROmotores radicaran el proyecto de referendo popular para permitir la segunda reelección presidencial, apelando a “superiores intereses de la Patria”, el presidente Álvaro Uribe solicitó a los congresistas no ocuparse de la iniciativa si esta obstaculizaba el trámite de las reformas política y a la justicia presentadas por el Gobierno.
Y a renglón seguido sugirió la alternativa de reformar el famoso “articulito” para que un Presidente “pueda ser reelegido inmediatamente por una sola vez, y después, período de por medio, pueda volver a aspirar”. En pocas palabras, lo que el Presidente estaba proponiendo era prolongar su proyecto político, no cuatro años más, sino ocho, para completar diez y seis… o más. ¿Y cómo hacerlo?
En primer lugar, utilizando todo su poder para garantizar que su sucesor o sucesora sea alguien que le dé continuidad a la seguridad democrática y a la confianza inversionista. De esta manera, en 2014 podrá aspirar nuevamente a la Presidencia hasta 2018. Y en segundo lugar, con las mayorías que actualmente tiene en el Congreso, sacar adelante las reformas constitucionales en curso, que contemplan varias medidas para garantizar la continuidad programática, por ejemplo al aumentar el período de los Magistrados de las Altas Cortes a doce años, es decir, hasta 2020.
De esta manera, es probable que al terminar su segundo período, el presidente Uribe haya consolidado sus mayorías en la Corte Constitucional, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva del Banco de la República y la Comisión Nacional de Televisión, pero además, que tenga gran incidencia en la próxima elección de Procurador y Fiscal General, tal como sucedió con el Defensor del Pueblo. Y que pueda extender su influencia en los órganos de control y en algunos estamentos de la Rama Judicial hasta terminar un eventual tercer período, bien sea inmediato o mediato. Y, como si esto fuera poco, consolida su influencia sobre el Legislativo, al proponer otorgarle amplias facultades para reglamentar varias de las disposiciones contenidas en la Reforma Política, entre otras el régimen de aplicación de sanciones a los partidos políticos, al concederle la potestad de elegir al Registrador Nacional del Estado Civil y a altos dignatarios del Estado encargados de investigarlos, al establecer que “en ningún caso los congresistas incurrirán en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses, cuando se trate de Reformas de la Constitución Política”, y al posponer hasta julio de 2009 la fecha para eliminar el régimen de reemplazos existente, para mencionar sólo unos ejemplos. Todo esto al tiempo que despoja de competencias de nominación a las Altas Cortes, principalmente al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué esperó el Presidente hasta después de que fuera radicado el proyecto de referendo para solicitarle al Congreso no estudiarlo? ¿Y por qué lo hizo después de que sus promotores hubieran gastado cerca de dos mil quinientos millones de pesos en la campaña de recolección de firmas y la Registraduría Nacional del Estado Civil algo más de mil quinientos millones de pesos en su verificación, en momentos en que la economía del país muestra signos de desaceleración? Resulta difícil pensar que no sabía que un proyecto de esta naturaleza, por razones de procedimiento legislativo, pero sobre todo por razones políticas, acapara la atención de los congresistas y desplaza los otros temas de la agenda legislativa. Por esto, es plausible pensar que con este llamado el Primer Mandatario quisiera asegurarse de que no quedaran cabos sueltos.
*Directora Congreso Visible, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes