A pocas horas de la posesión del presidente Juan Manuel Santos, muchos se preguntan sobre la viabilidad de construir la gobernabilidad necesaria para cumplir con las promesas de campaña y, al tiempo, respetar –si es que cabe la palabra– los compromisos adquiridos entre la primera y la segunda vuelta presidencial con diferentes sectores para obtener su respaldo. Es decir, cómo lograr que estos dos propósitos no generen tensiones irreconciliables y por ende actuaciones contradictorias.
Entre las primeras, la más importante es llevar a buen término las negociaciones de paz con las Farc y crear las condiciones políticas y económicas para transitar exitosamente hacia el posconflicto. Esta ha sido la meta del gobierno Santos desde que asumió el cargo hace cuatro años y fue el tema central de la campaña. Y fue uno de los factores que finalmente definió el resultado de las elecciones y lo que impulsó a millones de ciudadanos a apoyarlo en las urnas.
En cuanto a los segundos, es decir a los compromisos con algunos sectores políticos a cambio de obtener su apoyo electoral, estos pueden convertirse en uno de los mayores obstáculos para la gobernabilidad. Sin embargo, es importante diferenciar aquellos que se hicieron en el marco de los acuerdos programáticos propios de la necesaria construcción de consensos, de los que estuvieron mediados por la oferta de entrega de recursos (léase cupos indicativos) o cargos en el Estado. Esto es particularmente cierto sobre todo cuando algunos de los integrantes de estas organizaciones han sido cuestionados por sus actuaciones o por sus presuntos vínculos con actores relacionados con actividades ilegales. La duda que surge es si estos acuerdos pueden alinearse con las metas que se ha propuesto el presidente Santos, en particular las que se relacionan con el logro de la paz, o si por el contrario se van a convertir en su mayor obstáculo.
Uno de los mayores impedimentos para la gobernabilidad en Colombia tiene que ver con las formas de acceder al poder y de ejercerlo, no solamente por quienes son elegidos por voto popular –el presidente de la República, gobernadores, alcaldes y miembros de corporaciones públicas—, sino también por magistrados de altas cortes, órganos electorales, de control y fiscalización, y en general todos los servidores públicos. Las últimas jornadas electorales demostraron que estos procesos aun no ofrecen suficientes garantías a los ciudadanos en términos de transparencia y equidad y son permeables a la injerencia indebida, y en algunas ocasiones a la captura, por parte de intereses particulares legales e ilegales.
La gobernabilidad del presidente Santos en los próximos años depende en buena medida de su capacidad de cumplir con el mandato que recibió de más de siete millones de colombianos para avanzar en la búsqueda de la paz. Esto pasa por demostrar con hechos que no está dispuesto a ceder ante las presiones de ciertos sectores que encuentran en la debilidad, la ineficiencia, la ineficacia e incluso la ausencia del Estado en sus regiones un campo propicio para debilitar y deslegitimar la institucionalidad. Para lograr este propósito, el gobierno nacional debe asumir el liderazgo y dar ejemplo.