Cada día afloran más dudas sobre los verdaderos alcances y logros del proceso de desmovilización de los paramilitares que se llevó a cabo en los últimos años. Y al tiempo, se evidencia con mayor nitidez que las relaciones entre éstos y poderosos sectores políticos en diferentes regiones del país siguen más vigentes que nunca.
Desde falsas desmovilizaciones, pasando por promesas incumplidas a quienes se acogieron a los supuestos beneficios, hasta las denuncias por parte de diversos organismos nacionales e internacionales sobre la no entrega de los niños y jóvenes que hacían parte de estos grupos, indican que el balance del proceso presenta, por decir lo menos, muchos interrogantes.
Estas preocupaciones adquieren particular relevancia por sus evidentes implicaciones en las elecciones de octubre. Personas que han sido vinculadas con los grupos paramilitares o con las bandas criminales, que como se ha demostrado en muchas ocasiones tienen orígenes similares y estrechas relaciones entre sí, y otras tantas que están siendo investigadas y que incluso han sido condenadas, siguen haciendo política desde sus lugares de reclusión, escogiendo, imponiendo y financiando candidatos y moviendo sus fichas para garantizar su influencia y presencia en las futuras administraciones municipales y departamentales. Otros lo están haciendo por interpuesta persona, a través de sus familiares, o de sus antiguos colaboradores cuando ocupaban cargos públicos, para incidir en las próximas alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales.
Los diferentes informes sobre riesgo electoral publicados en las últimas semanas, elaborados por entidades oficiales como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría o el Ministerio del Interior, o por organizaciones como la Misión de Observación Electoral o el International Crisis Group, han prendido las alarmas sobre la coincidencia entre fraude electoral, corrupción y violencia, en particular en regiones que han tenido fuerte presencia de paramilitares y bandas criminales, y por supuesto de la llamada parapolítica.
Este sombrío panorama puede ser la antesala de una reedición del fenómeno de la parapolítica que se comenzó a configurar en 2002 y a afianzarse en los años siguientes. Y la confirmación de que en el llamado proceso de paz con los paramilitares quedaron muchas fisuras que permitieron que la captura y la reconfiguración cooptada del Estado permanecieran como una amenaza latente.
A pesar de los esfuerzos —desafortunadamente tardíos en muchos casos— de los dirigentes de algunos partidos políticos por depurar sus listas, y del retiro de los avales a numerosos candidatos, todo indica que estas medidas van a resultar insuficientes. La capacidad de los grupos criminales y en particular de los parapolíticos —los viejos o los “renovados”— de incidir en el proceso electoral mediante amenazas o el uso de la fuerza, la financiación a su candidatos y la presión sobre autoridades electorales, son indicios de que podemos estar ad portas de que la historia se repita. O quizás las cosas nunca cambiaron realmente.