LAS DECISIONES DEL CONGRESO DE la República en las próximas semanas son trascendentales para el país.
El referendo para una segunda reelección presidencial afecta el principio del equilibrio y la separación de poderes, esencias del régimen democrático. De otra parte, al permitir que los actuales congresistas cambien “por una sola vez” de partido sin incurrir en doble militancia, la reforma política que entra en su sexto debate significaría un retroceso en el proceso de fortalecimiento de los partidos iniciado con la reforma de 2003 y con la Ley de Bancadas. Esta medida busca permitir la reconfiguración del mapa político del actual Congreso, y más específicamente de la coalición de Gobierno. De no aprobarse, ésta podría verse seriamente afectada, porque varios de los partidos que la conforman corren el riesgo de no alcanzar el umbral exigido en las próximas elecciones, entre otras porque varios de sus barones están en la cárcel.
Como si esto fuera poco, el proyecto en curso no contempla la figura de la “silla vacía”, establece que las sanciones a los partidos y los congresistas que resulten implicados con actores armados ilegales solamente se harán efectivas a partir de 2010, y las condiciona a la aprobación de una ley por este mismo Congreso. Esto permite prever que las responsabilidades de los partidos sólo serán un saludo a la bandera. Y para completar, sigue latente la posibilidad de que la elección del registrador nacional vuelva a recaer en el Congreso y que ésta tenga lugar pocos meses antes de los comicios de 2010. Todas estas reformas tienen algo en común: legislar en beneficio propio, garantizar a como dé lugar la permanencia en el poder de quienes hoy están gobernando, consolidar las mayorías y por esta vía asegurar el control de otros órganos del poder público.
Lo anterior no sorprende, pero sí debe ser motivo de gran preocupación. ¿En manos de quién está la aprobación del referendo para reelegir nuevamente al presidente Álvaro Uribe, de la reforma política y, por supuesto, de las eventuales normas para sancionar a los partidos que avalen candidatos vinculados con actores armados? De los 267 parlamentarios elegidos en 2006, 78 han sido investigados por presuntos vínculos con la parapolítica, seis por farcpolítica (de ellos uno también por parapolítica) y tres por elenopolítica (dos igualmente por parapolítica). De los primeros, en 10 casos la investigación precluyó, 31 están detenidos, cuatro fueron llamados a versión libre, 14 se encuentran en indagatoria preliminar, 11 en investigación y ocho han sido llamados a indagatoria. De los 68 que siguen involucrados, 65 son miembros de partidos o movimientos uribistas y los demás del Partido Liberal. Todos estos parlamentarios han sido reemplazados por miembros de las mismas listas por las que salieron elegidos los primeros. Es decir, en muchos casos con los mismos votos que según las investigaciones en curso fueron permeados por el paramilitarismo y obtenidos mediante presiones e intimidaciones a los electores y con el apoyo de dineros provenientes del narcotráfico y de actividades ilegales. Como en Fuenteovejuna, Todos a una.
* Directora Congreso Visible