EL COMUNICADO EXPEDIDO POR LA Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial el pasado 6 de mayo, en el que pide archivar el proyecto proyecto de “reforma al equilibrio de poderes”, y las explosivas declaraciones del fiscal general en una entrevista publicada en el domingo 10 de mayo en El Tiempo han generado muchos cuestionamientos sobre la actuación de los protagonistas de estas declaraciones.
Y han llevado a un nuevo “choque de trenes” entre algunos miembros de la Comisión —que según se ha sabido no consultaron a colegas de sus respectivas entidades y fueron desmentidos por éstos— por un lado, y el Congreso y el Gobierno por el otro. Este tipo de enfrentamientos, en lugar de enriquecer el debate, debilita las instituciones y afecta la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Esto es particularmente cierto cuando una de las partes, por ejemplo el fiscal o algunos miembros de las altas cortes, pretenden desconocer las funciones y potestades legislativas del Congreso o buscan inducirlo a tomar determinadas decisiones. El proyecto ha sido objeto de diversas críticas, muchas de ellas válidas. Por ejemplo, que a su principal objetivo, restablecer el equilibrio de poderes y en particular prohibir la reelección de algunos funcionarios, se le han ido agregando otros propósitos ajenos a este fin. O que los cambios que se pretendían impulsar para fortalecer el sistema político y electoral han quedado reducidos a su mínima expresión. O que las propuestas de reforma a la rama judicial no resuelven los problemas estructurales de la misma. Asimismo, que habría fallas procedimentales en su trámite, como por ejemplo la falta de consecutividad, que pueden poner en riesgo su constitucionalidad. Sin embargo, de ser cierto, esto aun puede ser subsanado en los debates faltantes. Por otra parte, se ha criticado y se pretende descalificar este proyecto porque no responde a las exigencias de una eventual firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Lo anterior no solamente desconoce sus objetivos, sino que pretende que se legisle sobre hechos que aun no han sucedido. A pesar de lo anterior, la reforma contiene elementos positivos y busca responder a problemas que han afectado seriamente el funcionamiento de la justicia, como son la llamada “puerta giratoria” entre instancias de la misma y el “yo te elijo, tú me eliges”. Propuestas para limitar —no eliminar— las funciones electorales de las cortes, lo cual por cierto ha sido solicitado incluso por miembros de la justicia por considerarlos “un regalo envenenado”. O requisitos más exigentes para acceder a las altas cortes y mayores inhabilidades para sus miembros. Y quizás lo más importante, prohibir la reelección de todos los funcionarios, que fue el objetivo que le dio origen. Los debates públicos sobre proyectos como el de equilibrio de poderes son necesarios, ineludibles, pero sobre todo son de la esencia de la democracia. Por el contrario, el comunicado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial o las declaraciones del fiscal poco contribuyen a estos propósitos. *Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia