HACE ALGUNAS SEMANAS LA VOCERA liberal Cecilia López Montaño decía sentirse irrespetada, ofendida y vulnerada por ciertas referencias que se hacían respecto de su vida privada. En tono de queja, reclamaba que la intimidad de su familia debía ser sustraída de la controversia, alegando que los suyos no tenían por qué pagar los platos rotos de su actividad política.
A la senadora le incomodaron sobremanera las menciones que se hicieron respecto de las actividades económicas de uno de sus hijos y los cuestionamientos que este columnista hizo de su relación con la familia de cierto narcoterrorista extraditado.
Alcanzamos a considerar que la insistente congresista era una persona consecuente. Creímos que lo mismo que demanda para sí misma, lo respetaba en las demás personas. Las circunstancias nos obligan a decir que no estábamos en lo cierto.
A raíz de los hechos que han desatado las medidas adoptadas por el Gobierno para intervenir la lavandería de dólares llamada DMG, la parlamentaria López encontró una oportunidad gloriosa para atacar, apelando a una salida miserable que no tiene ninguna relación con el asunto entre manos: exigir las declaraciones de renta del Presidente y sus hijos.
¿Qué tiene que ver la intervención de DMG con el patrimonio del gobernante y su familia? ¿Por qué la abanderada de la oposición liberal involucró a los hijos del mandatario en esta discusión, cuando ella misma ha fustigado con severidad a quienes en debates recientes han mencionado a los suyos y a sus distinguidas amistades?
Como doña Cecilia está preocupada por los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe, bien vale hacer un breve recuento de sus actividades comerciales, empezando por la comercializadora de artesanías Salvarte a la que se suma la participación en una empresa de servicios ambientales, integrada por dos socios más, terminando en unas pocas acciones que poseen en la inmobiliaria de su familia materna.
Esos son los negocios que tienen tan alarmada a la insistente vocera del liberalismo que, en vez de andar desviando la atención, debería dedicar sus esfuerzos para encontrar una solución a la crisis por la que están atravesando cientos de miles de ciudadanos que depositaron sus ahorros en DMG y otras lavadoras y captadoras de dinero.
Pretender vincular a la familia del Presidente con DMG es canalla. Los negocios de ellos son muy anteriores al boom del criminal emporio del señor Murcia Guzmán. Ahora bien, si la senadora López posee pruebas que demuestren lo contrario, entonces que las exhiba de una vez por todas. Como no las tiene, porque simplemente no existen, está en la obligación de aclararle al país cuáles son las razones que la han motivado a solicitar sus declaraciones de renta, porque hasta el momento todo parece indicar que estamos frente a un lamentable caso de espectacularidad política.
La pequeñez de algunos miembros de la oposición es asombrosa. No les sentaría mal una vueltecita por el estadio El Campín para que se empapen del desespero que agobia a las gentes que fueron embaucadas por DMG, o bastaría con que simplemente prendieran sus televisores y vieran las entristecedoras imágenes de los campesinos putumayenses que lo perdieron todo por cuenta de la estafa de que estaban siendo objeto. Olvidó la senadora Cecilia López que en este momento hay miles de colombianos que quieren ver una solución y no el listado de los bienes y rentas de un par de ciudadanos.