EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2002, EL PREsidente Uribe hizo su primer reconocimiento de las tropas. Pronunció un discurso que tenía 6 líneas generales de acción, consideradas como las bases sobre las que se erigió la Política de Seguridad Democrática.
En esa oportunidad, el Presidente demandó de sus hombres efectividad pero con transparencia y les dijo: “Ustedes honrarán el buen nombre de la Patria con la observancia rigurosa de los derechos humanos. Sin estos puede haber apaciguamiento, pero nunca habrá reconciliación. La acusación justa será sancionada sin vacilación…”.
Independientemente de afectos y desafectos, la Seguridad Democrática le restituyó el sosiego al país. Los terroristas que otrora campeaban desafiantemente por lo largo y ancho del país, comenzaron a diezmarse. Los jefes guerrilleros que durante los tenebrosos años del despeje mostraban su amenazante soberbia, hoy están capturados, dados de baja o, en el mejor de los casos, escondidos en sus madrigueras de la manigua inhóspita.
Recuperar la tranquilidad en el país era la consigna general. Millones de colombianos, en 2002 y 2006, votaron por eso. La confianza depositada en la Fuerza Pública ha sido absoluta. Respetamos, admiramos y rodeamos a los uniformados pero eso no puede asimilarse a la entrega de un cheque en blanco porque la orden que han recibido debe cumplirse con un férreo respeto por los derechos humanos, asunto que no se ha limitado a unos sentidos discursos. El año pasado, el Gobierno le pidió a la Fiscalía la creación de una unidad dedicada a investigar esos casos. Son 20 fiscales que llevan casi 600 procesos.
Igualmente, el general Padilla hizo un cambio sustancial en el mecanismo de evaluación para formalizar los ascensos. En efecto, anteriormente a un oficial o suboficial se le tenían en cuenta las bajas a su haber. Ahora, la valoración es del siguiente orden: desmovilizaciones, capturas y por último las bajas enemigas.
La determinación de esta semana de separar a un importante número de militares de las filas, arrancando por un mayor general y dos brigadieres generales, dejó a muchos desconcertados. En algunos círculos se comenta que es inconcebible que el Presidente hubiera adoptado semejante medida, siendo él un gobernante amigo de los militares. Sí, es cierto: él es cercano a ellos; los defiende, los promueve, los alienta pero no encubre sus actos ilegales.
Los hechos puntuales que impliquen violaciones a los derechos humanos no son admisibles y, en el caso de los desaparecidos, la investigación deberá adelantarse al costo que sea y con disposición a asumir las consecuencias que este oscuro y triste episodio arrojen.
Es importante, asimismo, que la confianza en el Ejército no desfallezca, ni que terminemos cayendo en generalizaciones o prejuicios irresponsables. No podemos olvidar los muchos momentos de alegría y de orgullo patrio que hemos vivido en los últimos meses gracias a la labor de nuestros soldados.
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Yo sé que el Alcalde de Bogotá es un hombre con muchas ocupaciones: cuando no está haciéndole homenajes póstumos a su criminal abuelo, está viajando a foros internacionales insulsos. Muy respetuosamente quiero pedirle, como ciudadano, que saque un tiempito y ordene borrar los letreros que unos antisociales le pintaron al busto del ex presidente Laureano Gómez.