LA DESVERGÜENZA Y LOS EXCESOS de la dictadura venezolana no dejan de sorprendernos a pesar de que estemos acostumbrados a las reacciones hormonales de Hugo Chávez.
La noche del martes, una panda de espías al servicio del régimen asaltó la residencia del dirigente opositor Alejandro Peña Esclusa, ex candidato presidencial, a quien apresaron como si de una fiera salvaje se tratara.
A falta de evidencias, los valientes miembros de la policía política bolivariana se dieron a la innoble tarea de llenar su apartamento con centenas de detonadores y barras de explosivos C4. Allí, en el mismo lugar donde sus pequeñas hijas hacen las tareas, pusieron las bombas. Sólo un idiota convertiría a su hogar en un polvorín.
Chávez necesitaba meter a Peña Esclusa en una de sus mazmorras y para eso se valió del testimonio de un supuesto terrorista internacional a quien hace pocos días capturaron en el aeropuerto de Maiquetía. Se trata de un tal Francisco Chávez Abarca, que se dice es salvadoreño.
De manera sumaria, sin testigos ni contrainterrogatorios, los esbirros de la tiranía le sacaron una confesión al pretendido confabulado, que dijo que en efecto estaba allí, en Venezuela, para atentar contra el proceso electoral del próximo 26 de septiembre. Como actuar en solitario le resultaba imposible, “confesó” que sus secuaces eran Antonio Ledezma —alcalde de Caracas— , Patricia Poleo —periodista y política—, Pablo Pérez —gobernador de Zulia—, Diego Arria —diplomático, escritor y dirigente político— y, por supuesto, el señor Alejandro Peña Esclusa.
He ahí parte del grupo que se convirtió en el dolor de cabeza de la dictadura. Ellos, a diferencia de otros cobardes, no se inclinaron reverencialmente ante la rubicunda figura del mal gobernante de ese país.
Peña Esclusa terminará condenado. Le imputarán todos los delitos contemplados en la ley penal venezolana, dirán que es un peligroso terrorista y así saldrán fácilmente de él.
Y el mundo permanece indiferente. Ni una sola condena por cuenta de esta arbitrariedad. Los trémulos gobernantes de la región guardaron silencio cómplice frente a las atrocidades de Chávez, ese mismo que la nueva Canciller colombiana está esperando con los brazos extendidos el próximo 7 de agosto para que haga parte de la toma de posesión de Santos.
Si Chávez tuviera un ápice de dignidad, se abstendría de venir a Colombia. Acá no es bienvenido. Es el peor enemigo de nuestro pueblo. Su régimen criminal está al servicio del narcotráfico y del terrorismo.
Venezuela se ha convertido en la guarida de los peores asesinos. Allá están las cúpulas de las Farc, del Eln y de las bandas mafiosas, organizaciones que desde allí planifican y lanzan ofensivas criminales contra nuestra fuerza pública.
Dirán los cobardes que la venida de Chávez será provechosa para “normalizar” las relaciones entre ambos mandatarios. Ese sujeto no tiene arreglo, razón por la que los vínculos con Venezuela se estrecharán el día que ese sufrido país pueda quitarse de encima al agobiante dictador.
Si el gobierno de Santos insiste en la necia estrategia del apaciguamiento, por lo menos debería exigir que en el avión que transportará a la comitiva venezolana traigan, como gesto de buena voluntad, a Timochenko o a Iván Márquez, huéspedes de honor en la Venezuela chavista.
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Llama poderosamente la atención que hasta el momento, el presidente Santos no haya invitado a personas de altísima categoría política, como Rodrigo Rivera o Andrés Felipe Arias, a hacer parte de su gobierno. ¿Será que en la cacareada unidad nacional caben todos menos los uribistas? Porque el antiuribismo biliar ya ingresó con Juan Camilo Restrepo a la cabeza.