LA MARCHA DE LOS INDÍGENAS DEL Cauca no es tan benigna como algunos quieren mostrarla. Se trata de un paro fríamente calculado y muy posiblemente infiltrado por fuerzas oscuras.
Las Farc tienen presencia activa en el Cauca a través de los frentes 6º y 8º. Igualmente, operan las columnas “Jacobo Arenas” y “Teófilo Forero”. A todas estas estructuras, de alguna manera, les conviene que el paro indígena se salga de madre y desemboque en un caos monumental.
Los indígenas, como los demás ciudadanos colombianos, tienen todo el derecho a protestar y a hacer los reclamos que quieran. Para ello, están facultados por la Constitución, las leyes y la “Convención sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, la cual fue suscrita y ratificada por Colombia.
En ese orden de ideas, ellos pueden marchar pacíficamente por donde quieran, demandando lo que les apetezca, sin violar las leyes y sin atentar contra la Fuerza Pública. Desafortunadamente no ha sido así. En medio del furor de la manifestación, ya han herido a 32 miembros de la Policía y a uno de ellos le volaron las manos a través de la utilización de un arma no convencional. ¿Quién o qué grupo les está proveyendo dichos elementos bélicos a los marchantes?
Esto no es el caso de una protesta pacífica, sino de una movilización indígena con visos terroristas. La mítica hacienda “La Emperatriz”, cuya propietaria ha sido amenazada de muerte, está plagada de minas antipersona, artefactos que hasta el momento le han provocado la muerte a dos soldados.
Así mismo, los efectivos de la Policía que están allí para mantener el orden público han sido atacados con explosivos, arrojando un brutal resultado de 70 hombres heridos.
También es cierto que en este episodio tres indígenas han resultado muertos, pero no por balas oficiales, sino por la explosión de las armas artesanales con las que ellos atacan a la Fuerza Pública. No podemos llamarnos a engaños. Los indígenas que están liderando la movilización de más de 15.000 de los suyos están en la obligación de responder no sólo social sino penalmente por las acciones terroristas que se han perpetrado. Igualmente, deberán decirle al país de dónde provienen los más de doscientos millones de pesos diarios que les cuesta mantener a ese gentío caminando por la Vía Panamericana y de paso contar el origen de los multimillonarios recursos que el denominado Consejo Regional Indígena del Cauca requiere para el pago de los honorarios de sus 120 asesores.
Este no es el triste episodio de unos indígenas subyugados, desarraigados y oprimidos por una sociedad oligárquica y excluyente, sino de una organización que ha apelado al terrorismo para poner en jaque no sólo a unas cuantas familias caucanas sino a la totalidad del Estado.
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Cuando oí la noticia, creí que se trataba de un chiste. Pasaron las horas y resultó ser cierto que Íngrid Betancourt en efecto había dicho que su nuevo amigo, el presidente de la república de Seychelles, don James Michel, ofreció los 455 kilómetros cuadrados de su país para negociar con las Farc.
Grandes sus ganas de mojar prensa al precio que sea. Al paso que vamos, la ganadora del “Príncipe de Asturias”, quien ha defendido la tesis de que negociar con terroristas no tiene nada de malo, nos sorprenderá reclamando la condición de fuerza beligerante para las Farc, como ya lo hizo Luis Eladio Pérez.