Esta semana que termina fue especialmente extraña en lo que tiene que ver con el tema de los conductores borrachos, asunto este que nos mueve las fibras del corazón y que nos hace pasar de la rabia infinita a la conmiseración absoluta.
Me refiero al caso del joven Fabio Andrés Salamanca, quien a 160 kilómetros por hora mató a dos ingenieras y dejó posiblemente parapléjico al conductor del taxi en que ellas se transportaban.
Los hechos han sido difundidos por los medios de comunicación, razón por la cual obviaré los detalles de este trágico accidente. Salamanca fue internado en una clínica de reposo y apenas esta semana se presentó ante la jueza 2ª de garantías, doctora Carmen Gualteros. Ella decidió, según su criterio jurídico, dejarlo en libertad por considerar que el joven conductor ya no es un peligro para la sociedad. Y esto fue el escándalo del siglo, pues por las redes sociales y en algunos medios la crucificaron como si ella hubiera prevaricado. Ella salió a poner la cara y expuso, con seriedad, los argumentos que la llevaron a tomar esa decisión. A uno podrán gustarle o no los argumentos de la jueza, pero lo cierto es que son garantistas. La decisión no implica impunidad y mucho menos conlleva que el joven se vaya a salir con la suya. El problema es que en Colombia no hay una política criminal en lo que tiene que ver con los conductores ebrios, por lo cual unos jueces les ordenan irse inmediatamente para la cárcel y otros los dejan en libertad. A unos les imputan dolo eventual y a otros homicidio culposo. Y como lo dijo la jueza, cada caso debe ser mirado en particular.
Este muchacho no tenía antecedentes, ni siquiera un parte de tráfico. Cometió un grave error que lo perseguirá por el resto de la vida, pero ciertamente, como lo sostuvo el padre del taxista, don José Cangrejo, en una entrevista para Blu Radio, dejó de ser un peligro porque ya hizo el daño. Es más, don José sostuvo que no lo odiaba y que la madre de Salamanca y el propio Fabio Andrés le habían pedido que los perdonara.
Pese a todos los esfuerzos de la parlamentaria Gloria Stella Díaz, los legisladores no han querido tramitar una ley, porque muchos saben que si los agarran borrachos este hecho generaría antecedentes criminales, lo que les impediría volver al Congreso. Y por cuenta y riesgo de esto se han hecho los de la vista gorda, cuando en teoría deberían dar el ejemplo. Pero más grave aún resulta que las empresas de licores y productores de bebidas alcohólicas han hecho un cabildeo violento cada vez que se intenta aprobar una ley sancionando a los borrachos.
Que no digan ahora que es culpa de la jueza Gualteros o de la Fiscalía, quienes han hecho lo mejor atendiendo esas confusiones. Por eso me parece oportunista que el Consejo de la Judicatura anuncie investigación en contra de la jueza para joderla. Salamanca pagará y aprenderá. ¿Cuándo lo harán los sinvergüenzas congresistas y las licoreras? ¡Seguramente nunca!
@FZuletalleras