CONTRARIO A CONSIDERAR LA EXtradición de los jefes paramilitares como un acto valeroso por parte del Presidente de la República, esta decisión, tan sorpresiva como extraña, constituye una clara violación de la Constitución, la ley y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por supuesto que no estoy defendiendo a los criminales extraditados, defiendo la institucionalidad y a las víctimas. La extradición de estos asesinos evitará que sean juzgados por los delitos de lesa humanidad, ya que en USA sólo rendirán cuentas por narcotráfico.
En otras palabras, la decisión del Gobierno acabó de un traste con el proceso de justicia y reparación del que tanto se ufanaba el señor Presidente. Y de contera, los familiares de las víctimas han visto esfumar cualquier posibilidad de resarcimiento económico o el reconocimiento moral al que tenían derecho.
Miente el doctor Uribe cuando sostiene que los familiares de las víctimas serán reparados, entre otras cosas, porque los extraditados no van a confesar delitos de lesa humanidad ante un juez norteamericano, cuando con su silencio asegurarán sólo una sentencia por tráfico de drogas.
La extradición de los jefes paramilitares es la plena prueba de que el Estado colombiano no quiso juzgar a quienes masacraron a miles de colombianos. Estamos pues frente a un caso de denegación de justicia, lo que abre las puertas para la entrada inmediata de la Corte Penal Internacional.
Como si todo esto no fuera suficiente, el Presidente de la República al haber expedido un decreto reglamentario que le permite decidir quiénes quedan excluidos de la Ley de Justicia y Paz, violó la Ley 975 del 2005 y la Constitución. Además se pasó por la faja una sentencia de la Corte del pasado 10 de abril que ratificaba, como lo dice la ley, que sólo los tribunales de justicia y paz, una vez efectuados los procesos, pueden, mediante sentencia, decidir quiénes son excluidos de sus beneficios. Semejante acto demuestra que Uribe es un dictador que decidió violar los derechos a estos criminales, derechos que en un Estado democrático deben respetárseles a todos, aun a esos monstruos.
Por otra parte, resulta muy sospechoso que Uribe, sabiendo que los “paras” delinquían, no los quiso someter a la justicia ordinaria donde tendrían que enfrentar penas de 40 años.
Otra cosa que me llama la atención es que el Presidente haya dicho que “la verdad manipulada deja de ser verdad” al explicar el porqué de su decisión de extraditar a los paramilitares. Si hay alguien que ha manipulado la verdad es este gobierno, pues es imposible agarrar a los funcionarios en una sola verdad. Y si no, vean cómo han manipulado “la verdad” con los computadores de Raúl Reyes.
No me equivoco si sostengo que los computadores que tenían los paramilitares en sus celdas no serán enviados a la Corte Suprema de Justicia ni a la Interpol pues allí están las pruebas que involucran a los políticos y aun al propio Ministro de Defensa quien debe estar examinando el computador de Mancuso para desaparecer todos los archivos que lo involucran a él y a su primo, el vicepresidente.
Por supuesto que el Gobierno les dará a estos computadores un uso diferente al que le han dado al de Reyes, pues de revelar lo que hay allí, acabarían todos presos, incluyendo el propio Presidente. ¡Así son y actúan las dictaduras!
Felipezuleta.blogspot.com