COMO LA OPINIÓN PÚBLICA CONOCE, debido a varias publicaciones, hay un proceso penal en el que los acusados son los ex ministros de Estado doctores Luis Carlos Valenzuela y Luis Fernando Ramírez, socios de una empresa de banca de inversión llamada Sumatoria.
La denuncia fue presentada por el industrial Armando Lloreda, por los delitos de utilización indebida de información privilegiada y uso de documentos reservados. Lloreda aduce que los ex ministros, aprovechando su amistad y confianza, compraron unas acciones de una empresa de gas, usando para eso la información que él les suministro. Los ex ministros lo niegan.
Este proceso lleva más de cinco años, y a la fecha estos ciudadanos están acusados por el propio Fiscal General de la Nación del delito de utilización indebida de información privilegiada, en una providencia de más de 101 páginas. Este proceso estuvo a punto de prescribir y los mismos ex ministros le pidieron al Fiscal que no lo dejara prescribir porque ellos estaban interesados en que se conociera toda la verdad.
El proceso pasó al juzgado cinco penal municipal de Bogotá, cuyo titular, el doctor Luis Eduardo Beltrán, en un auto de cuatro páginas, decidió cesar el procedimiento contra los imputados por considerar que el querellante es ilegítimo. Esta decisión, por decir lo menos, resulta exótica (que no ilegal), pues es extraño que en cinco años, ni la fiscal delegada ante la Corte —que los acusó en primera instancia— ni el propio Fiscal General de la Nación, jamás hubieran puesto en tela de juicio la legitimidad del querellante. Esta decisión fue apelada y se encuentra para decisión de última instancia ante el juzgado 50 penal del circuito de Bogotá, a cargo de la doctora María Teresa Nossa.
Conozco el expediente, he hablado con las partes involucradas en el proceso y con sus abogados. Todos coinciden en que la providencia del juez cinco penal es curiosa; sin embargo, los ex ministros, a diferencia de haber evitado que el proceso prescribiera, ahora esperan que la juez 50 confirme la decisión que los sacaría del lío, literalmente, por la puerta de atrás. Ni culpables, ni inocentes.
Esta controvertida decisión de ordenar la cesación del procedimiento, que no la absolución como erróneamente lo informó el diario El Tiempo, desvirtúa de un plumazo la decisión del Fiscal General en lo que tiene que ver con la acusación, sustentada en las pruebas que aparecen en el expediente.
Es decir que los ex ministros saldrían libres de todo, sin haber demostrado su inocencia durante un juicio en el que sus nombres y honras quedarían totalmente limpios.
Me limito simplemente a contarle a la opinión pública cuál es el estado de un proceso que no tiene antecedentes, pues nunca antes en Colombia los dueños de una banca de inversión habían sido demandados por este delito. Por eso la decisión de fondo que tome la juez 50 del circuito es trascendental en lo que tiene que ver con la ética de los negocios en Colombia.