Las flagrantes contradicciones de los diversos actores del sistema colombiano de salud deberían ser resueltas, como se acostumbra en estos tiempos, con la creación de una comisión de la verdad, que le aclare a la ciudadanía quién dice la verdad y quién la deforma.
La Contraloría General de la República concluyó una investigación por detrimento patrimonial contra el exinterventor de Saludcoop, Guillermo Grosso, en cuantía superior a los $80.000 millones, en 2015. El ministro Gaviria desvirtuó la decisión de la Contraloría aduciendo que se trataba de “una confusión contable”.
En otro escenario judicial, la Fiscalía General confirmó la hipótesis de que el señor Carlos Palacino habría desviado los recursos parafiscales de Saludcoop en la suma de $398.106’053.537 millones, entre 2000 y 2004. El abogado del señor Palacino, Jaime Lombana, aseguró que su cliente era inocente de tales cargos y que, de ser culpable, directivos de otras EPS deberían ser inculpados por la Fiscalía (el señor Lombana debe tener alguna evidencia para hacer esa afirmación).
Durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el investigador Katmajil Behera, de Frost & Sullivan, presentó la ponencia “Blockchain aplicado al cuidado de la salud”, basado en la encuesta “2018 Edelman Trust Barometer”, demostrando que la credibilidad (desconfianza) del sistema de salud de Colombia ocupa el último lugar dentro de 28 países analizados. El presidente de Acemi atendió dicha presentación el 5 de julio. Al siguiente día, en entrevista para el programa Hora 20 de Caracol, afirmó impunemente que el sistema colombiano de salud es ¡ejemplo para el mundo!
La encuesta Edelman 2018 igualmente reporta que la desconfianza de la población general y del público informado sobre las instituciones del Gobierno de Colombia es de las más altas entre los 28 países estudiados.
Dicha desconfianza en el sistema de salud y en las instituciones del gobierno de Colombia explican la intervención del magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes C. en el congreso de la Asociación de Hospitales. Afirmó: “La salud no debería ser intervenida por un juez: es una acción de política pública”. Aludía a las tutelas que los cuidadanos tienen que interponer, porque las EPS les niegan los servicios y los medicamentos, supuestamente cubiertos por el actual sistema.
El viceprocurador Juan Carlos Cortés afirmó (julio 16, 2018) que “Medimás no ha cumplido las expectativas ni los estándares adecuados al servicio que compró, al servicio que asumió como EPS”. Agregó que Medimás recibió, entre julio y diciembre de 2017, ingresos del Estado por $1,7 billones, por el número de afiliados asegurados. Sin embargo, gastó en ese mismo lapso $195.000 millones en administración, superando el 10 % establecido por la ley. La Contraloría General de la Repúblia adelantó una auditoría de 164 páginas que determinó un desorden administrativo monumental: giros a proveedores médicos por más de $718.000 millones, sin soportes, ausencia de pólizas, anomalías en contratos, cuentas por pagar plagadas de inconsistencias.
Ante semejante evidencia de los órganos de control, el presidente de esa EPS respondió que esos hallazgos son cosa del pasado, desconociendo la fecha de la declaración del viceprocurador Cortés y de la auditoría de la Contraloría.
Tremendo reto el que tiene que afrontar el presidente electo Duque para devolverle credibilidad y confianza al sistema de salud, que es la mayor necesidad de los ciudadanos que lo eligieron el pasado 17 de junio. Si se establece la verdad del sistema de salud, sin deformidades ni engaños, se lograrán mejores resultados en su gobernanza.