El presidente Iván Duque anunció el derrotero al inicio de su gobierno, en publicación de El Tiempo, el 5 de agosto.
Desde antes de la primera vuelta presidencial, la desconfianza hacia el gobierno y las instituciones estatales de Colombia —registrada en la encuesta “2018 Edelman Trust Barometer” como de las más altas entre los 28 países estudiados— condujo a que parte de la ciudadanía dudara que la coyuntura política favoreciera la voluntad del presidente Duque para emprender las transformaciones que el país requiere, incluido el sistema de salud.
El presidente afirmó que “… somos un lugar donde muchos problemas envejecen mal y se convierten lentamente en terribles amenazas que debemos sortear día a día”. Agregó: “Debemos aprender de los errores de los últimos años”.
Es, precisamente, lo que ha ocurrido con la salud, como se ha documentado en las últimas entregas de esta columna: “Comisión de la verdad para salud” y “Memoria histórica de la Ley 100”.
Continuó en su escrito el presidente: “Aparece la necesidad de hacer reformas de fondo al sistema de salud para garantizar su sostenibilidad financiera, y en consecuencia la atención de calidad oportuna que merecen todos los ciudadanos”.
Estas declaraciones deberían ser suficientes para que los colombianos despleguemos la esperanza de que, en el gobierno de Duque, sí se va a trasformar estructuralmente el sistema de salud.
Cuando Duque afirma que: “El punto de partida de este nuevo camino está en enfrentar los problemas con soluciones integrales, sin dejarnos llevar por sesgos políticos e ideológicos”, se colige que, independientemente de que el senador Uribe haya sido ponente de la Ley 100 en 1993, (la memoria histórica de dicha Ley demostró el error derivado de haberla centrado en el negocio), el nuevo presidente abriga la intención de cambiarla, hacia un modelo ligado al derecho fundamental a la salud contenido en la Ley Estatutaria de 2015 que, por supuesto, es superior, constitucional y jurídicamente, a la Ley 100.
Duque escribió: “La salud debe recibir primeros auxilios. Hay que saldar las deudas con el sistema mediante instrumentos financieros confiables y al mismo tiempo corregir los errores del pasado que afectan la sostenibilidad permanente del sistema. ¿Cómo? Aumentando de manera estructural el número de personas en el régimen contributivo, producto de la formalización laboral. Un sistema basado en el paciente, la calidad, la promoción, la prevención, la optimización del recurso y la derrota de la corrupción debe unirnos como país”.
El pronunciamiento anterior resulta contradictorio, porque es como si Duque pretendiera articular la Ley Estatutaria (“un sistema basado en el paciente”) con el viejo modelo, inundado de corrupción e ineficacia, al preservar “el régimen contributivo”, y por deducción, el subsidiado.
Mientras se inicia la gobernanza de la salud, con el ministro Juan Pablo Uribe, para vislumbrar el rumbo que tomará, cabe, en este margen de espera, referir el pensamiento de Duque sobre política social: “La legalidad y el emprendimiento deben tener como objetivo la equidad. La Colombia que soñamos debe orientar el gasto público hacia salud y educación y, en consecuencia, hacia la población más vulnerable”. Que así sea. Buena suerte, presidente Duque.