Los decretos con los que el Gobierno finalizó el año pasado en el sector de la salud, anunciados por el presidente Santos el 29 de diciembre de 2014, confirman que para su segundo gobierno se doblegó ante las EPS, de espaldas a los colombianos inermes que no tienen doliente ni representación en la administración.
Dijo que “este decreto (2702 de 2014) define las condiciones financieras mínimas para garantizar que las EPS cuenten con el patrimonio necesario, de manera que puedan honrar sus deudas y, sobre todo, prestar los servicios de salud con calidad. Nuestro propósito es garantizar que estos recursos públicos se inviertan en la salud de los colombianos, y no en otras cosas”. La conclusión refleja la contradicción en las políticas sociales de la que adolece Santos, al reconocer que los dineros aportados por los ciudadanos para financiar el sistema de salud se han desviado por la intermediarias para fines ajenos a lo estipulado por la ley, creando soterradamente la insolvencia que pretenden, deshonrando las deudas con el sector hospitalario y negando la prestación de los servicios a los usuarios.
La alianza del Gobierno con las EPS fue celebrada por Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que reúne a la mayoría de las EPS del contributivo), quien aseguró “que la norma fue largamente esperada y discutida, y permite tener reglas claras en este juego, que son favorables”. Descara que lo que motiva a su gremio no es la salud de la población, sino que el Estado les mantenga las condiciones que resulten favorables a su inocultable voracidad por los dineros públicos.
Cuando la deuda de las EPS con los hospitales asciende a $12 billones, es una inocentada que el presidente se ufane de que “en los últimos dos meses se han comprado unos $350.000 millones de cartera…”.
Con estos decretos, Santos frustra las expectativas anunciadas en marzo de 2013 sobre la transformación substancial al sistema de salud y, como los de sus antecesores, su Gobierno representa exclusivamente los intereses de las EPS. A estas les concede un plazo de siete años para refinanciarse con los dineros ciudadanos, mientras que a los hospitales en crisis fiscal los han ido cerrando con despotismo.
En ese contexto, resulta paradójico que Santos no haya sancionado todavía la Ley Estatutaria de Salud, declarada exequible por la Corte Constitucional y modulada en defensa del derecho fundamental de los colombianos al goce pleno de ese beneficio. En cambio, se precipitó a sancionar la de la reforma tributaria, para tapar el hueco de $12,5 billones que hay en el presupuesto de 2015, confirmando que la deuda de las EPS con los prestadores, y por monto similar, está excluida de la agenda de sus ministros Cárdenas y Gaviria, que la enmascaran con la limosna comentada previamente.
No obstante, esa estrategia no podrá contener la avalancha de demandas que buscarán que la Ley 100 y el modelo de la salud-negocio de las EPS sean declarados inconstitucionales por el alto tribunal, dentro del marco desarrollado por la ley estatutaria.
A pesar de la decepción que suscita Santos con el sector salud, otras realizaciones de su Gobierno deben ser reconocidas, como el de la red nacional de internet que cubre las zonas rurales, las relaciones internacionales, y por supuesto el proceso de paz, para el que invocamos mejor desenlace en 2015 que lo acontecido al final del año pasado con la salud de los colombianos.