El minsitro Gaviria, en declaraciones para este diario el pasado 19 de marzo, comentando el futuro del proyecto de ley ordinaria en la Cámara, señaló que “el tema de la integración vertical no se va a tocar, pues es ‘muy complejo’, y sería una batalla a lobby limpio que le restaría legitimidad al debate”.
Semejante afirmación implica que el ministro se sinceró con la opinión pública para confesar su fracaso con los políticos del Congreso colombiano, caracterizados por los conflictos de interés que permanentemente interfieren en su gestión legislativa, al colocarlos por encima de su obligación moral, que no es otra que propender por el bien común de quienes los eligieron. Gaviria experimentó la presión de los senadores Roy Barreras y Karime Mota al inicio de la discusión del proyecto de ley estatutaria, a quienes denunció el superintendente de Salud, para después recular de tales señalamientos, por “conveniencias políticas”.
Los integrantes de la Cámara de Representantes deberían deducir que el dictamen del ministro acerca de la “legitimidad” del debate sobre la integración vertical alude directamente a ellos, inmersos en las discusiones de la reforma, en el “lobby limpio” (exactamente, sucio y corrupto) por el que han favorecido a sus patrocinadoras, las EPS y las cajas de compensación.
El ministro demuestra la pesadumbre que lo acongoja por su incapacidad para ejecutar la reforma estructural del sistema de salud y su debilidad para enfrentar los vicios parlamentarios, que tanto él como el presidente Santos detectaron hace rato. Defraudó a quienes, ingenuamente, creímos en la voluntad del Gobierno para corregir esas falencias.
Gaviria pretende ignorar que lo que le ha quitado credibilidad al Gobierno ante la opinión pública es su respaldo y mantenimiento de un modelo de salud fracasado y anegado en la más escandalosa corrupción, denunciada por otras instituciones estatales como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo e, inesperadamente, la Fiscalía, que se vio forzada a afrontar la acusación de la Superintendencia de Industria y Comercio contra Acemi, el gremio de las EPS, y 14 de esas organizaciones, por el pacto de 2011, que impedía la libre competencia.
La integración vertical es el mecanismo del poder dominante de la intermediación. Mantenerla significa que el Gobierno y el Congreso practican con la salud el denominado “gatopardismo” político: (Guiseppe Tomasi de Lampedusa, 1957), “que todo cambie para que nada cambie”: un gran despliegue publicitario en marzo del año pasado cuando el presidente presentó los proyectos de ley estatutaria y ordinaria en la secretaría del Senado; un alborozo inusitado el 20 de junio por la aprobación de la estatutaria en la plenaria de la Cámara, con afirmaciones tan seductoras como que ahora sí se consagraba el pleno derecho fundamental a la salud, cuando el articulado definía lo contrario, como lo confirmará próximamente la Corte Constitucional.
El negocio de la salud sigue fortalecido con la negación y el aplazamiento de los servicios, la gente se seguirá muriendo, aunque esos fallecimientos puedan ser evitables, y la red pública hospitalaria continuará cerrándose.
Triste final para el Gobierno en el tema de la salud, que los votantes castigarán en las urnas.