La Defensoría del Pueblo entregó el séptimo informe de la serie “La tutela y el derecho a la salud”, correspondiente al año 2012.
En la publicación sobresale la comprobación de la “vulneración sistemática, por parte de las entidades aseguradoras, al seguir imponiendo barreras en el acceso a los servicios de salud y obligando a los ciudadanos a interponer tutelas por tecnologías incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), que ya han sido canceladas mediante el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
De 424.400 tutelas interpuestas en 2012, que reposan en los expedientes de la Corte Constitucional, se tomó un muestreo aleatorio estratificado de 3.239.
Se registró un incremento de tutelas en salud de 7,90% con respecto al año anterior. “Las 114.313 acciones que se interpusieron para reclamar algún tipo de servicio de salud, se constituyeron como la segunda cifra más elevada en toda la historia de estas solicitudes, después de las observadas en 2008, período en el cual la honorable Corte Constitucional expidió la sentencia T-760, ante la grave avalancha de tutelas en ese entonces”. En otras palabras, el ritmo de crecimiento de las tutelas es superior al crecimiento poblacional, que se ubicó en 1,15%.
El análisis estadístico demuestra que el objetivo de esa trascendental sentencia no se ha cumplido, puesto que las entidades que administran el sistema de salud agrupan el 66,6% de las tutelas interpuestas. “Las cifras además indican la existencia de un claro desequilibrio entre la capacidad del Estado para inspeccionar, vigilar y controlar a los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud. Es evidente que las personas accionan la tutela por la ineficacia del aparato estatal para controlar en tiempo real, que dichas prestaciones y/o conflictos que surgen alrededor de las mismas tengan como fuente resolutiva los mandatos constitucionales y legales que garantizan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”.
Concluye el informe de la Defensoría que se “debe actuar para romper esa desigualdad existente y recomponer la correlación de fuerzas a favor del Estado, por antonomasia, el obligado a prestar y garantizar la seguridad social de los colombianos”.
Vale decir que dicho informe comprueba la crisis estructural del sistema amparado por la Ley 100 y que el fracaso de las diversas gestiones (incluidas las legales) para recomponer el desacierto del modelo ligado al negocio de la salud intermediado por los particulares, en sana lógica de buen gobierno, impone una alternativa diferente para el sistema de salud.
En ese contexto, trocarle el nombre a las EPS por el de gestores(as), como lo contempla el proyecto de ley ordinaria en trámite, en nada varía el viciado modelo que ha generado, por 20 años, la violación permanente al derecho fundamental a la salud de la población.
Si el presidente Santos se decidiera a liderar la transformación substancial que requiere el sector, no sólo actuaría en coherencia con su proclama por una sociedad más justa y equitativa, sino que despejaría, en medio de la incertidumbre actual, el camino hacia su reelección, porque la salud y la paz son las aspiraciones y necesidades más sentidas de sus conciudadanos.
Fernando Galindo G.*