La columna de Juan Gossaín (EL Tiempo), en la última semana del año pasado, “Los niños que tienen cáncer se mueren por negligencia”, describe certeramente la realidad del sistema de salud colombiano, que a pesar de las entusiastas proclamas del Ejecutivo sobre las bondades de sus iniciativas legislativas continúa igual, o peor, que en el gobierno anterior.
Agrega en el epílogo, citando una carta enviada por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (Oici) a la Corte Constitucional y a la Defensoría del Pueblo: “Para qué engañarlos: el futuro es más sombrío que el pasado. “Si se aprueba la nueva reforma al sistema de salud”, afirma el Oici, “las cosas pueden empeorar, pues el Gobierno ni siquiera ha hecho uso de sus instrumentos de control”.
Gossaín interpreta el pesimismo ciudadano por las sucesivas reformas impulsadas en los ocho años de Uribe y en los casi cuatro de Santos, a las que se llegó con agenda propia, patrocinada por la que se podría denominar EPS/Cajas/política, cuyo balance, atinente a la pérdida de la vida de varios compatriotas, incluidos los niños, es similar a otros fenómenos nacionales, como la para/política y la Farc/política, la violencia urbana y las bandas criminales organizadas. En ese contexto, esos fallecimientos atribuibles a la manipulación de la salud como oportunidad de negocio rentable (negación y dilación de servicios por todos los mecanismos disponibles en las intermediarias de la salud), permitido por los poderes del Estado, deben recibir la misma tipificación de delitos contra la humanidad y ser denunciados y castigados como lo que son.
Los gobiernos y los Congresos de los períodos de Uribe y de Santos han convivido con esa desastrosa realidad y sus intentos de reformas han resultado superficiales e intrascendentes. La decisión política para transformar sustancialmente el sistema de salud ha sido esquiva, sometida a los conflictos de interés de los legisladores, que afloran en las épocas electorales.
Prueba de ello fue la suspensión del tercer debate al proyecto de ley ordinaria en la Cámara de Representantes, que ha debido realizarse al final de la legislatura de 2013. Debe reinstaurarse en la nueva legislatura que iniciará el 20 de marzo. Para esa fecha ya se conocerán los resultados de las elecciones parlamentarias, que de alguna manera las afectará la promoción del voto en blanco, castigo, en parte, de los electores a la actuación maliciosa de los políticos en las discusiones de las reformas a la salud.
La intervención del Gobierno en el trámite de ese proyecto posiblemente será para mantener lo ya aprobado en el Senado, sin modificaciones estructurales, considerando que los integrantes de la Cámara son los mismos que impidieron la secuencia del debate en diciembre pasado y tendrán vigentes los compromisos que auspiciaron esa conducta.
Hay quienes todavía confiamos en que, durante el cuatrienio de la reelección de Santos, sí se logrará la reforma sustancial del sistema de salud por varias razones: 1) Santos tiene el diagnóstico correcto de la crisis del sector y sabe que la solución implica acabar con el negocio de las intermediarias. 2) Le corresponde administrar la era de la paz y, sin salud, no hay verdadera paz. 3) Como no hay espacio para otra reelección, desaparece la presión de la clase política que tanto daño le ha hecho y podrá impulsar libremente los cambios estructurales que requiere el país.
* Fernando Galindo G.