Hace dos meses escribí en este espacio sobre el abandono ancestral del litoral Pacífico por parte del Estado y la ocupación de muchas de sus regiones por la delincuencia. Luego de varios años, hace poco recorrí parte de la Guajira, encontrando una situación más crítica que la observada antes respecto a la desidia estatal y sus efectos negativos en la mayoría de la población que sufre las consecuencias.
Luego de repetidos escándalos, finalmente fue condenado el exgobernador Kiko Gómez a más de 50 años de cárcel. Pero la exgobernadora Oneida Pinto tuvo “la suerte” de vencimiento de términos —frecuente en un país de leguleyos— para salir en libertad luego de sus tropelías. Estos casos son la punta del iceberg del clientelismo y la corrupción de una clase política que se profesionalizó y expandió sus fechorías a partir del Frente Nacional, con distintos énfasis según regiones. La Guajira es un caso emblemático dados sus funestos efectos en la naturaleza y la sociedad.
Luego de Riohacha, en dirección a Manaure, Uribia y Cabo de la Vela, sobresalen las numerosas trochas y carreteables, con escasas partes pavimentadas y dispersas huellas de proyectos de carreteras abandonados; también, la industrialización de las salinas de Manaure, antes artesanales para beneficio de la población nativa; además, miles y miles de plásticos amarrados en arbustos y dispersos en el suelo, a lado y lado de las vías de cada caserío, por varios centenares de metros; y, en la totalidad del territorio, la expansión de las zonas desérticas.
La situación social es dramática. La gran mayoría de la población, que pertenece al pueblo Wayúu, habita en caseríos o en viviendas dispersas, con ranchos miserables, en medio de la más extrema pobreza. Pero lo más doloroso es la cantidad de niños, entre tres y diez años, en pequeños grupos separados a lo largo de las vías, con lazos atravesados y templados para pedir limosnas a las personas de los vehículos que transitan. Al frenar para evitar accidentes, esos niños se abalanzan sobre los vehículos y al darles a los primeros, los siguientes exigen con más fuerza que les den. En medio de esa tragedia, no hay adultos que aparezcan en los alrededores.
En los cruces de las vías menos alejadas de Riohacha hay muchas personas —incluidos niños— que buscan sobrevivir vendiendo paqueticos de comestibles al frente de varias tiendas de latas y tablas a lado y lado de las carreteras. En los caseríos más poblados abundan vendedoras indígenas de bellas y coloridas mochilas artesanales, a precios que no reflejan la ardua labor para tejerlas. Si bien desde hace muchos años existen tales artesanías, su número ha crecido significativamente.
La descentralización gubernamental es un avance de la democracia, pero en Colombia no es del todo cierto. Las elecciones de alcaldes y gobernadores empezaron en 1988 y las confirmó la Constitución de 1991. Pero el clientelismo, la corrupción y el abandono de los gobiernos nacionales han convertido en ruedas sueltas a muchos mandatarios regionales. De ahí el abandono de la Guajira a la suerte de sus mandatarios y congresistas, que disponen sin cortapisa de los recursos oficiales asignados. El país está en mora de una reforma a la descentralización orientada a recuperar el bienestar de poblaciones abandonadas.
* Miembro de La Paz Querida.