La polarización –promovida con engaños, egoísmos y fanatismos religiosos– triunfó en un país anestesiado por violencias que lo han atravesado.
La población urbana fue su objetivo, en especial grupos medios y populares poco afectados por violencias, pero víctimas de la carencia de políticas sociales. La sed de venganza contra “el traidor”, la supuesta “ideología de género” e ideologías como las cristianas dieron sus frutos a costa de una sociedad que perdió su rumbo. ¿Qué se puede esperar entonces en el corto plazo?
Uribe pidió cita con el Presidente y luego de una reunión repitió que estaba a favor de la paz, pero que había que renegociar parte de los acuerdos y que para ello designaba negociadores para acompañar a los del Gobierno en La Habana. Aunque hay interrogantes sobre lo que piensan las Farc con la nueva situación, el tono de quienes con radicalismos promovieron el No se ve conciliador. Sin embargo, dados los antecedentes del proceso, podrían ocurrir sucesos nada positivos que dilatarían una solución.
Frente a un gobierno debilitado, la dirigencia de la oposición organizada buscará frenar apartes de los acuerdos que afecten privilegios adquiridos. Sobresale la “Política de desarrollo agrario integral”, que pretende avanzar en la solución del ancestral problema de tierras, congelado en la historia nacional y detonante de las violencias que han atravesado la nación. Los terratenientes, con latifundios nada productivos, seguirán tributando con chichiguas y un eventual desarrollo agrario debilitado no los tocará.
Las reformas acordadas para corregir fallas en la política (carencia de estatuto de oposición, debilidad de los partidos, reelección en cargos públicos, corrupción, etc.) serían sustituidas por cambios cosméticos, luego de que el caudillo vencedor renunciara al embeleco de una constituyente, temeroso de que se le escapara de las manos. Será una manera de estancarse en el pasado, conservando privilegios, engatusando sectores populares y frenando avances democráticos. Continuaría así la incapacidad de ejercer la ciudadanía por parte de amplios sectores populares que viven del rebusque para subsistir.
Ante la crisis financiera –consecuencia del errado manejo económico oficial durante la bonanza petrolera– vendrá pronto la anunciada propuesta de reforma tributaria estructural, desdibujada por el debilitamiento del gobierno. Seguramente el proyecto afectará a los asalariados medios, que seguirán pagando el pato, y se pasará por alto la necesidad de que tributen multitud de religiones cristianas, fundadas desde 1974 para esquilmar creyentes, además de la Iglesia católica en un Estado supuestamente laico.
Si los nuevos acuerdos se dilatan, podría presentarse una disgregación de frentes y milicias de las Farc –y eventualmente del Eln–, además de surgir nuevas bandas delictivas, que extenderían sus acciones terroristas en ciudades para atemorizar a sus habitantes, dispersar acciones policiales y militares, y obtener más ganancias con sus actos.
Ante este panorama crítico, la Fuerza Pública frenaría su tarea de reorganización en apoyo a la construcción de una democracia en paz y un Estado con legitimidad. Volvería, entonces, a ejercer su función de combatir y capturar delincuentes en campos y ciudades.
Con un Estado ausente en gran parte del territorio nacional, donde alcaldes y autoridades obedecen a gamonales y terratenientes, y donde transitan bandas criminales, al nuevo gobierno le correspondería idearse medios para que su autoridad alcance comarcas carentes de valores éticos.