Desde su “celda” en El Ubérrimo, el neocaudillo por fin peló el cobre: insultó a magistrados y a la Corte Suprema, negó responsabilidades, renunció a su curul para que su expediente llegara a la Fiscalía —en cabeza de un compinche de Duque— y allí el proceso y sus expectativas se enmarañaron. De ahí que sea mejor retornar a lo importante.
El contexto político deseado para el proceso electoral de 2022 —planteado en la columna anterior— es orientar la política hacia una mejor democracia. En las elecciones del país ha prevalecido barajar nombres de candidatos, a la par que se debilitan los partidos. Conviene ahora definir primero potenciales reformas para reorientar el país, en medio de autoritarismos del actual gobierno, que se ha aprovechado de la situación excepcional de confinamiento —incluido el Congreso—, aupado por áulicos carentes de visiones objetivas y fundamentos éticos.
Una oportunidad que proyecta la pandemia es impulsar la educación. Los esfuerzos para no claudicar durante el encierro han mejorado la virtualidad y difusión de sus tecnologías. Poblaciones marginadas, en pueblos y veredas, han comenzado a superar su aislamiento presencial mediante medios virtuales. Es un punto de partida que podría irradiar hacia el futuro resultados positivos en la sociedad.
En las relaciones políticas se requiere comenzar a decantar ideas sobre reformas que generen conciencias colectivas, para promover candidaturas presidenciales que compitan alrededor de programas específicos. Al respecto, urge una reforma tributaria estructural que elimine excepciones impositivas y evite apoyarse principalmente en sectores medios. Deberían jerarquizarse los aportes obligatorios al erario según ingresos y achicar impuestos inequitativos como el IVA. Convendría que el aumento de recaudos tuviera porcentajes similares a los de países del “primer mundo” europeo. Así se podría combatir mejor el enorme desempleo heredado de la pandemia y la ancestral informalidad. Habría que sumar la abolición de gabelas al sector bancario, que acumula capitales en empresas y personas. Y también frenar salarios públicos desmedidos de directivos y altos funcionarios, que encogen las finanzas estatales, incluidos fondos pensionales. Su modelo podría ser también el de Europa occidental.
Por su parte, la corrupción ha hecho estragos por doquier. Un punto de partida para acabarla sería con una reforma judicial que evite evadir sanciones y elimine la prisión domiciliaria a perpetradores de delitos de “cuello blanco”. En lo electoral, las listas cerradas contribuirían a frenarla, a la vez que mermarían el debilitamiento partidista. No se deberían permitir candidaturas a elecciones de personas con relaciones non sanctas y/o que hayan sido procesadas. Y los magistrados de las cortes, así como las cabezas de los órganos de control, deberían ser elegidos por méritos profesionales.
La tara de la subordinación actual a la “estrella polar”: cultivos ilícitos y sus derivados psicoactivos, aspersiones y narcotráfico urgen regulaciones que frenen los desangres que agobian al país y que superan las capacidades políticas y sociales para controlarlos.
Estos son sólo puntos de partida necesarios para recuperar nuestra democracia que continúa en declive. Aún faltan temas importantes, ojalá jerarquizados.